Con el argumento de los diputados de Morena de que no podrían aprobar más aumentos de impuestos que laceren el bolsillo de los jaliscienses así comenzó en el Congreso la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos del 2024, sin embargo los acuerdos alcanzado entre los coordinadores parlamentarios sobre las reasignaciones que solicitaron y el apoyo a la Universidad de Guadalajara fueron básicos para que saliera aprobado con 37 votos y uno en contra de Futuro.
Entre los temas que destacaron desde los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Hagamos, Verde y Movimiento Ciudadano fue la propuesta enviada por el gobernador Enrique Alfaro la semana pasada para establecer el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, así como el fondo para apoyar a la familias de los policías que fallecen en servicio, además otra serie de reasignaciones en materia de agua.
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De esta forma el próximo año el gobernador podrá disponer de un presupuesto que asciende a 167 mil 116 millones de pesos, lo que representa un incremento del 5.35% a lo aprobado el año pasado.
Uno de los cambios en el discursos legislativo fue el que tuvieron los legisladores de Hagamos, quienes en un tono conciliador reconocieron los acuerdos alcanzados entre el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva y el gobernador Enrique Alfaro.
Al respecto Mara Robles destacó que anteriormente criticaban la falta de medición de resultados de los programas, políticas y construcción de obras pero son temas que quedaron en el pasado al crearse el comité para evaluar el impacto de la deuda de los seis mil 200 millones de pesos contraída este sexenio.
En el caso del presupuesto del 2024 dijo que se tiene erogaciones importantes y que no se pueden evitar en cuatro áreas y la primera de ellas es en el aspecto electoral al que se otorgan adicionalmente 980 millones de pesos, el segundo corresponde a las participaciones federales a municipios con tres mil 800 millones, en tercer lugar se otorgan mil 129 millones de pesos extras al presupuesto constitucional del Poder Judicial y la cuarta área son los tres mil 325 millones de pesos como incremento a los intereses de la deuda pública.
Pero criticó la disminución del 15% de los recursos para la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en un año en que el feminicidio creció 21%, la violación 24% y la violencia familiar 38%, y en el que 9 de cada 10 delitos contra las mujeres quedan impunes.
Tras lo cual indicó que el factor que hizo que den por primera vez su voto a favor de un presupuesto es lo que llamó la reconsideración a la injusticia con que se había tratado presupuestalmente a la UdeG. “Se corresponde al fin con el cumplimiento de la Universidad de Guadalajara de estar a la altura de lo que exige y espera la sociedad jalisciense de ella, y el alcance enviado por el Ejecutivo permite mantener las actividades sustantivas universitarias y fortalecerlas”.
El presupuesto constitucional para la universidad, “contrario a lo que algunos piensan, fortalece su autonomía y a su función crítica basada en la investigación científica. La autonomía universitaria, indispensable para la formación científica de los profesionales, no puede existir sin los recursos suficientes y sin la capacidad de los universitarios de decidir en forma autónoma el destino de los mismos”.
Y reconoció que este presupuesto es el resultado de un acuerdo entre el gobernador y el Rector de la universidad y “por supuesto de los miles de universitarios que se movilizaron y trabajan todos los días, a todos ellos mi reconocimiento”.
Al respecto el legislador Morenista; José María Martínez, quien dijo que compartía el “optimismo de la gran mayoría de mis compañeras diputadas y compañeros diputados, decirles que lo comparto porque hoy como nunca Jalisco ha recibido un trato generoso por parte del presidente López Obrador (lo que le generó reclamos) y quienes hoy s eufanaron o manifestaron con alguna buya no lo desconocen, lo hacen en función de con quien trabajan”, pero en lo general sí lo apoyaron.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez reconoció la voluntad de quienes avalaron el proyecto al señalar que “cuando se pone el interés de Jalisco por delante, cuando tenemos un diálogo, suceden grandes cosas. Quiero reconocer a todos los que han hecho posible esto. Hoy gana Jalisco, hoy ganan las y los ciudadanos y hoy actuamos con toda responsabilidad”.
Claudia Salas, presidenta de la Comisión de Hacienda defendió lo puesto a votación e indicó que “lo que estamos haciendo es un buen presupuesto, es un buen legado. Este es el último presupuesto que estaremos votando en esta Legislatura; llevamos tres, y yo les puedo decir que es un presupuesto fuerte, incluyente, que pone a las personas al centro, que ve por los municipios”.
Además destacó la inversión estratégica en infraestructura de transporte, especialmente en la Línea 4 del Tren Ligero, proyecto considerado de gran importancia para mejorar la movilidad en la Zona Sur de Guadalajara.
Mientras que en el sector salud se asignaron 616 millones de pesos para el fortalecimiento del Instituto de Cancerología, con un incremento del 80% en el gasto de operación. “Esta inversión se traduce en un impulso significativo para mejorar la atención médica y abordar desafíos críticos de salud”.
En el caso de UdeG dijo que recibe un aumento del 10% y representa el 4.6 por ciento en relación al presupuesto total de Jalisco, así como 501 millones de pesos para infraestructura educativa, entre los cuales destacan los centros universitarios de Tlajomulco y Tonalá. Este compromiso refleja la importancia atribuida al crecimiento y fortalecimiento de la educación superior en el Estado.
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Previo a la aprobación del presupuesto de egreso, se discutió la ley de ingresos en donde los diputados de Morena expresaron su desacuerdo en la posibilidad de establecer un aumento en los impuestos relacionados al salario y lo cobros que se hacen en el Registro de la Propiedad Pública en detrimento del bolsillo de los ciudadanos.
Pero en donde el coordinador morenita, José María Martínez, puso énfasis fue en el tema de la verificación vehicular al sostener que este programa no busca mejorar las condiciones del medio ambiente y sí es una medida recaudatoria al aplicar sanciones económicas a quienes no lleven sus unidades a la prueba y en el peor de los casos obligar a los ciudadanos a deshacerse de sus vehículos si no aprueban esta verificación y muchos de ellos son utilizados para sus trabajos.
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