El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) no solo cambió de nombre, también de manera abrupta las reglas de competencia y una y otra vez aplicando retroactivamente varias de éstas, al grado de dejar temblando y a punto de la deserción a unos 500 estudiantes nacionales y extranjeros que hacían sus maestrías y doctorados en la Universidad de Guadalajara.
Entre los afectados están 20 médicos, los mismos que siendo estudiantes pusieron en riesgo su vida participando en tomas de muestra y colocación de vacunas. Ahora ellos podrían ser eliminados de ese apoyo. Se encuentran atrapados en territorio nacional. Podrían enfrentar el reto, estudiar, pero ¿Qué comer? Su pasaporte de estudiante les impide que puedan trabajar de manera formal.
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EL OCCIDENTAL confirmó que algunos lo hacen ya de manera informal, en restaurantes. reparto de alimentos, etc., pero sin seguridad social ni prestaciones.
La UdeG se dice sorprendida y ajena a los hechos, está en espera de que le manden más información, pero el caso de los estudiantes agraviados ha generado zozobra, desconcierto y hasta los ha llevado a tomar decisiones. Jonathan, un estudiante del CU Tonalá, de plano desertó y regresó a Colombia.
Para una joven estudiante colombiana Sonia Correa, es su primera vez y se ha frustrado; confiesa que está a punto de desertar, pero de irse del país nunca, hará hasta lo imposible por quedarse, tal vez cambiar su estatus y volver a intentarlo, pero ya desde otra perspectiva. Reconoce que de no ser así estando en su país nunca tendrá un posgrado. Ella asegura que hizo sus exámenes desde Colombia, el entonces Conahcyt sin la H les planteó otro escenario; en febrero salieron las listas, poco tiempo después se dio la reforma y entre agosto y septiembre ya con ellos presentes en México se dio para adelante a este nuevo marco normativo y carreras que catalogadas como de investigación pasaron a ser de información.
Aportan a la ciencia
El geógrafo colombiano Danny Concuñame es otro de los afectados. Él ya estudió la maestría aquí y colaboró con un trabajo de estudio sobre la tierra en la zona de Lagos de Moreno, altamente sísmica. Era importante conocer su composición y hoy ese análisis forma parte de la información que se tiene para la creación de un gran Atlas de Riesgo.
Ahora buscaba el doctorado y su sueño era quedarse aquí, formar parte de esa gran industria de científicos que genera la Universidad de Guadalajara para el mundo. Tan es así que se calculan 46 extranjeros afectados, unos 30 de ellos colombianos y hasta un ciudadano de Pakistán.
Teme seguir el mismo camino de su amigo y compañero Jonathan; llegaron juntos, estudiaron la maestría, sin embargo, este “bache” no lo pudo soportar. Atrapado en otra patria, sin beca, sin futuro claro y sin poder trabajar para hacerse de dinero, decidió volver a su patria.
El abogado Hugo Rodríguez, maestrante en derechos humanos, reconoce que probablemente la rapidez con la que se tomaron las decisiones trajo como consecuencia una falta de análisis del problema que se iba a generar, violentando incluso los derechos humanos.
Pero aún hay una vía de solución: “Afortunadamente tenemos en México lo que se conoce como el juicio amparo, que es un medio de control constitucional diciéndole en palabras más sencillas es una herramienta que el Estado provee a los gobernados para que puedan defender sus derechos humanos estos juicios de amparo, estas demandas de amparo, se desahogan en los juzgados de la Federación y al final de cuentas en el ejercicio del contrapeso que tiene que ejercer el poder judicial sobre el Poder Ejecutivo y el poder legislativo será la voluntad y tendrán la última decisión los entes del Poder Judicial de la Federación en determinar si este nuevo sistema normativo que viene a regular los posgrados y el otorgamiento de becas es acorde o no es acorde a los derechos constitucionales”.
Le teme más al desacato, “lo hemos visto con otras autoridades del gobierno federal que se tienen sentencias de amparo, ya conseguidas por Jueces de Distrito, confirmados por tribunales colegiados o por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y que desafortunadamente, pues hay desacatos por parte de las autoridades, por más que las leyes establezcan instrumentos para hacer valer sus determinaciones en este caso nos hemos encontrado con un cúmulo de omisiones por parte de la autoridad en acatar una orden de juez cosa, que pues es gravísimo porque eso incluso un delito”.
Aunque tendrán que ir a los tribunales, el escenario es esperanzador porque ellos adquirieron la beca bajo ciertos lineamientos que cambiaron en el trayecto sin importar que ellos ya estaban dentro del sistema. La beca salió en marzo del 2023.
“Entonces esto nos daba la posibilidad de que todo el trámite se desahogará conforme a las normas jurídicas que existían al momento de la publicación de la convocatoria posteriormente y de manera, completamente arbitraria vienen las autoridades del Conahcyt y de un solo plumazo determinan que las nuevas leyes que aplicarán son las que acaban de entrar en vigor y que se fueron publicando en distintos meses del presente año".