Con cédula secreta y tras dos votaciones, la mayoría de los diputados de Jalisco aprobaron con 20 votos a favor, con 16 votos en contra y una abstención la despenalización del aborto en Jalisco, con lo que ya ninguna mujer deberá enfrentar prisión preventiva incluso si lo practica después de las 20 semanas ni condenas que iban de los 4 meses a los 4 años de cárcel.

En una discusión que duró poco más de una hora y en donde el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José María Martínez señaló que se votaría de forma ilegal una orden de un tribunal colegiado y no una indicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y esperaba que así se acataran las resoluciones de tribunales colegiados para los nombramientos de magistrado y funcionarios públicos impugnados.

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Es así que sin ser un proceso de designación de magistrados o funcionarios del ITEI y otros organismos , la votación en las dos ocasiones se emitió por cédula ignorando las peticiones de que se hiciera de forma transparente y en el tablero electrónico ya que se trataba de la modificación a las leyes del Estado, violando así su ley orgánica, señaló la panista Mirelle Montes y quien exigía junto con José María Martínez que fuera por tablero.

De esta forma en Jalisco ninguna mujer, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, deberá tener miedo de ser perseguida judicialmente por practicar voluntariamente un aborto, incluso después de las 20 semanas de gestación y con esto deberá de garantizarse las condiciones seguras para poder realizarlo en la entidad y no migrar a otros estados en donde ya está despenalizado, tal es el caso de la Ciudad de México al que año con acudían miles de mujeres para realizarlo.

José María Martínez exigió seriedad en el debate y no aprobar un documento lleno de falacias y no atender como obligatoria una indicación de un órgano judicial que no es terminal, es decir no era la SCJN y “lo único que tiene es que se trata de un caso concreto, incluso de una sentencia de un órgano no terminal” y que surgió a partir de una controversia interpuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y ahora se discute una indicación que fue enviada en septiembre del año pasado, pero sobre todo se tiene que ver como un problema de salud pública y no con fines políticos, además de que desde su punto de vista no se atienden las causales de pobreza y desigualdad.

Mientras esta discusión se daba, en el exterior del Congreso, decenas de personas a favor y en contra de la despenalización gritaban consignas para hacerse escuchar, pero en las más de 10 horas que permanecieron en la Plaza Liberación tuvieron eco ni fueron atendidos por diputados y exigieron que la votación fuera por tablero electrónico para saber cómo lo hicieron sus diputados.

El morenista indicó que en lo aprobado se encuentra limitaciones en el acceso universal al derecho a la salud, al derecho reproductivo, al derecho a la atención integral de forma psicológico y se habla de la vinculación para efectos prácticos.

Mientras que Enrique Velázquez, legislador del desaparecido partido Hagamos y uno de los principales impulsores de que las mujeres puedan decidir qué hacer con sus cuerpos sin ser criminalizadas, perseguidas ni obligadas a concebir, en algunos casos, hijos producto de una violación y recordó que desde la Legislatura 58 ya se habían presentado iniciativas para despenalizarlo a través de diputados de desaparecido PRD.

Dijo que con esta aprobación se tenían avances graduales en garantizar los derechos de las mujeres y reconoció que hace falta agregarle diversas reglamentaciones para hacerlo seguro y así terminar con intromisión en sus vidas, sus casas, sus úteros

Y dijo que “ninguna mujer se despierta con ganas de interrumpir un embarazo, ninguna jovencita que no puede mantener un hijo porque las violan y resultan embarazadas y esas son con las que el estado ha sido ausente, el Estado no les garantiza ni que no sean violentadas ni que no sean violadas, esto es un problema de salud pública”, por eso hoy se gana una batalla, pero falta mucho por hacer.

Mara Robles, también de Hagamos y simpatizante de la marea verde, dijo que hasta la fecha había algunas condicionantes para permitir la interrupción de la gestación y era cuando fuera producto de una violación, “que represente un daño grave a la salud o que pueda acreditarse el riesgo de muerte, según el Código Penal, aquella mujer que interrumpiera su embarazo en cualquier momento a partir de la concepción, incurría en el delito de aborto con penas de cuatro meses a un año de prisión, pudiendo ser dos años si la interrupción fuera posterior a la semana 12, dos años de cárcel, por si fuera poco. Además, aquellas mujeres que lo interrumpieran después de la semana 20 serían sujetas a prisión preventiva”, todo eso ya despareció.

“Hablemos claro, hoy estamos aquí defendiendo el derecho de las niñas que fueron abusada sexualmente, posiblemente por su padre”, su hermano, parientes, amigos y quedaron embarazadas.

Mientras que Susana De la Rosa, diputada del también desaparecido partido Futuro, mencionó que hoy les tocaba “decidir para que el aborto sea legal, seguro y gratuito” y reconoció que era una decisión difícil en términos políticos y “personalmente porque sabíamos que se trataba de un tema muy controversial y que después de eso los cuestionamientos tanto en la calle como en nuestras propias familias” surgirán.

Pero aseguró que “no se compara ni mínimamente con el sufrimiento por el que han pasado miles de mujeres jaliscienses que por distintas razones, han tomado la decisión de abortar en la clandestinidad, porque de manera legal o ilegal, solas o acompañadas las mujeres de todas las clases sociales, ya abortan y seguirán abortando, no podemos normalizar que en este país sigan habiendo tantos embarazos infantiles de adolescentes, no podemos permitir que sigan en la inmunidad tantos casos de violencia sexual. No podemos obligar a ninguna niña adolescente o mujer ser madre”.

Y continuó al decir que “ninguna mujer tiene que ir a la cárcel por ejercer su derecho a decidir, ningún médico ni personal de salud debería tener miedo de ir a la cárcel por brindar un servicio de salud, por cumplir con la norma 046, por ser aliados en impulsar la educación sexual y luchar dentro de las propias instituciones, de hospitales para cumplir con el programa de interrupción legal de embarazo en Jalisco”, esto es producto del esfuerzo y lucha de muchas personas a lo largo de los años.

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Y dijo que aún falta mucho por hacer, pero se dio uno de los primeros pasos para cumplir con este derecho, sacar el aborto del Código Penal y con ello seguir construyendo una política pública de atención integral, pero esta aprobación no incluye todos los aspectos por “los que luchamos, representa un avance significativo en el reconocimiento de la igualdad entre todas las personas por todo este contexto es que estamos a favor de esta causa”.

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