David Bernal, abogado del despacho del Gobernador Enrique Alfaro, dijo que la iniciativa de eliminar las pensiones doradas y ajustar las futuras está justificada jurídicamente,” sí no se hacen esos ajustes los modelo no serían viables y estaríamos comprometiendo el futuro de los trabajadores”, manifestó.
“¿Cuál es la justificación para que sí podamos hacer estos ajustes de forma retroactiva? Tanto la corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación) en 2014, como la Corte Interamericana en el famoso caso de cinco pensionistas contra Perú, estableció que esos ajustes se pueden dar para justo darle viabilidad financiera a los sistemas de pensiones en los estados. Los estados tienen un margen de configuración en sus modelos de pensiones precisamente para darle esa viabilidad, la causa es una utilidad pública, un interés público”, explicó Bernal.
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Son 87 funcionarios que reciben pensiones arriba de 100 mil pesos, teniendo un impacto anual en las finanzas de más de 145.6 millones de pesos.
La modificación sería al Artículo 70 Fracción II que establece la limitación a las pensiones. Actualmente las pensiones tienen un tope de 35 días de salario mínimo por día, lo que representa 148 mil 785 pesos mensuales. Con la reforma presentada por el Gobernador pasarán a toparse a 25 días de salario mínimo al día, quedando en 106 mil 275 pesos mensuales, esto es reducir 42 mil 510 pesos.
La viabilidad de la propuesta que plantea el Gobernador para que la aplicación sea retroactiva y no solo para futuras pensiones, tiene sustento jurídico en consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecieron que los ajustes se pueden dar con el objetivo de otorgar viabilidad financiera a los sistemas de pensiones en el Estado.
Al mes de junio son 87 pensiones arriba de 100 mil pesos, teniendo un impacto mensual de 12 millones 139 mil 037 pesos, esto significa que anualmente el Ipejal destina para mantener estas pensiones un aproximado de 145 millones 668 mil 444 pesos.
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