La ex regidora Cecilia Maribel López Haro omitió datos al promover un amparo, además de hacerlo bajo un derecho laboral y no bajo un derecho electoral ya que ella busca regresar al cabildo ejerciendo un derecho que perdió al momento de solicitar licencia al cargo como suplente y en su lugar se le tomó protesta a Armando Aviña Villalobos.
El conflicto inició tras de que Pablo Lemus solicitó licencia para buscar el cargo de gobernador y su suplente Roberto Delgadillo González no pudo acceder porque no rindió la protesta de ley, por lo que la siguiente persona en la lista de candidatos registrada ante el Instituto Electoral era Cecilia López, quien al pedir licencia a partir del primero de marzo se designó en el cargo a Aviña Villalobos, tal como lo marca la ley electoral.
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Pero una vez concluida la elección el 2 de junio, quiso regresar a reclamar un espacio como si fuera la propietaria y eso no está previsto en la ley, ya que Aviña Villalobos sólo podría ser removido si regresa Pablo Lemus a ocupar ese lugar como presidente o la autoridad electoral así lo determine.
Ante la imposibilidad de regresar a un puesto para el que no está en condiciones de hacerlo bajo ninguno de los dos supuestos que reclama, López Haro buscó la protección de los tribunales administrativos bajo el argumento de un derecho laboral que ya no tiene adquirido desde el momento en que solicitó licencia para irse a las campañas.
Amparo que Armando Aviña busca inhabilitar ya que él también tiene un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco con el número 675/2024 y se le otorgó una medida cautelar para “la protección de mis derechos y se le ordena al Ayuntamiento de Guadalajara de que se abstenga de realizar cualquier cambio de situación jurídica por lo que ve a su nombramiento como regidor de Guadalajara” y está vigente desde el 19 de junio.
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Tras lo cual la regidora suplente decidió presentar dos juicios de amparo en donde omite decirle al Juez de Distrito que ya fue dada de baja como regidora, que él tiene una orden de protección de sus derechos desde el 19 de junio y que ella tiene conocimiento de esta situación por ser la tercera interesada del juicio, entre otros temas.
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Armando Aviña considera que “si bien hay un conflicto jurisdiccional, nosotros estamos superditados a que el Tribunal Electoral decida y determine quién tiene el derecho conforme a todos los elementos ya señalado y alejado de cualquier asunto político.
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