Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) condenaron la extorsión y el asalto del que fue objeto un albergue de migrantes y dictaron medidas cautelares para la protección de todos sus integrantes.
Ambas organizaciones expresaron su indignación y preocupación, por los actos de violencia dados a conocer a estos organismos, en contra del Presbítero Alberto Ruiz Pérez y su equipo de colaboración del albergue para migrantes y refugiados El Refugio, ocurridos el pasado 24 de octubre. Como EL OCCIDENTAL lo dio a conocer, un grupo de personas armadas irrumpieron en el albergue, lo amagaron con armas de fuego, lo golpearon y robaron la cantidad de veinte mil pesos.
Se destaca por parte de los ombuspersons que “desde hace muchos años dicho albergue para migrantes y refugiados y el padre Alberto, junto con otras personas y organizaciones de la sociedad civil, han brindado ayuda humanitaria a miles de migrantes que transitan por el Estado de Jalisco. Por ello, preocupa que estos hechos no sólo hayan afectado la integridad, intimidad y el patrimonio de esta organización y de las personas que ahí laboran, sino que se pretenda inhibir su labor como defensores de los derechos humanos”.
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En el posicionamiento que han difundido expresan que: “Las personas defensoras realizan labores fundamentales para la vida democrática del país. Estas no sólo trabajan para la defensa de los derechos humanos, sino que han incidido en la creación de herramientas indispensables para su efectiva garantía, como la actualización y armonización de la legislación y en el fortalecimiento de las instituciones, entre otras acciones”.
Y reiteran que “actualmente, las y los defensores de derechos humanos enfrentan el riesgo y vulnerabilidad que implica realizar una tarea como la que su labor y vocación requiere, en un contexto como el que vive el país. Cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de los defensores civiles se niega a su vez a muchísimas personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a derechos humanos.
Se recordó que, en su último informe, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, relativo a su misión a México, del 26 de febrero a 23 de marzo de 2018, señaló que la mayoría de los defensores con los que se reunió durante su visita confirmaron que habían sido víctimas de actos de intimidación, acoso y estigmatización a manos de agentes estatales y no estatales en represalia por su labor de defensa. Expresó su preocupación por el alcance, la persistencia y los efectos de la impunidad respecto de las amenazas a la seguridad de los defensores y la criminalización de sus actividades, e instó al Gobierno de México a poner freno sin demora a la creciente generalización de la impunidad en el país.
Tanto la CNDH como la CEDHJ han solicitado a las autoridades competentes que se implementen las medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de los colaboradores del albergue, así como sus instalaciones. Además, que se indaguen tales hechos con un enfoque diferenciado, atendiendo protocolos y directrices de investigación de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos.
Están solicitando además “se garantice la seguridad del presbítero Alberto y su equipo de trabajo, garantizando que hechos como los ocurridos no vuelvan a cometerse, con el fin de que puedan seguir realizando sus actividades en la defensa y protección de las personas migrantes y refugiadas”.
Terminan diciendo que “las personas y organizaciones que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos, requieren condiciones de seguridad, pues cualquier afectación en su contra vulnera no solamente sus derechos, sino también de todas aquellas personas y temáticas que representan. La CNDH y la CEDHJ permanecerán atentas al desarrollo de las investigaciones”.
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