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Diversos colectivos interpondrán mecanismos legales ante el Tribunal de Justicia Administrativa para hacer cumplir la medida cautelar, que evita la compra-venta del complejo Villas Panamericanas en Zapopan, entre estos, destacaron un recurso de reclamación y un amparo directo a la reciente notificación legal.
El presidente de Conciencia Cívica, Salvador Cosio Gaona, mencionó que la notificación legal reciente otorgada por una sala del Tribunal de Justicia Administrativa a representantes de la empresa Green Life Capital fue de manera indebida al mencionar que hay un ordenamiento legal de suspensión para no celebrar ningún tipo de contrato, de lo contrario habría sanciones de tipo penal y/o administrativo.
“Persisten las resoluciones judiciales vigentes más antiguas, en una contradicción en la que se está queriendo inducir y sorprender, y que se caerá muy fácilmente”, señaló que, el día 30 de agosto, el Gobierno de Zapopan, el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) se les notificó de la suspensión que data desde el 2011 y 2013.
“En caso de una violentar la suspensión estarán sujetos a sanciones de orden administrativo y penal, se les solicita que mantengan las cosas como están, cualquier otro intento de estrategia legal se van a diluir. No permitiremos por ningún motivo que se violente el orden jurídico, ni que se siga lesionando al medio ambiente, ni realizando acciones para generar un negocio lucrativo”.
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Por su parte, El abogado del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Enríquez, subrayó que, interpondrán un recurso de reclamación y un amparo directo a la reciente notificación legal.
La notificación hecha a las instituciones antes mencionadas, indicó que “No se puede celebrar ningún contrato de compra-venta, o de promesa de compra-venta que implique que se transmita la propiedad de los departamentos o de cualquier cuarto incluso que este dentro del complejo Villas Panamericanas también conocido como Villa Bosques”.
La sanción penal en caso de violentarse la suspensión sería de tres a ocho años de prisión o destitución del cargo, o incurrir en el delito de abuso de autoridad.
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