Por la probable comisión de los delitos de defraudación fiscal y otros, la actual administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco presentó las primeras denuncias contra ex funcionarios de la dependencia que desviaron recursos para privilegiar nómina de amigos.
El representante legal de la CEDHJ, Francisco Ulloa Sánchez, presentó dicha denuncia ante la Fiscalía General de la República delegación Jalisco.
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Los anteriores omitieron presentar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), y retener y enterar el Impuesto sobre la Renta (ISR) respecto al pago de aguinaldos al personal de la institución, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2018, 2019 y 2020.
El estuvo acompañado por la Presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez González, la Directora Administrativa, Martha Verónica Quitarte y el Director de Asuntos Jurídicos, Francisco Javier Ulloa.
Se anunció que son las primeras, puesto que vendrán más denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Jalisco tres denuncias, una de ellas en contra de quien resulte responsable por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y/o uso ilícito de atribuciones y facultades en dos modalidades, según el Código Penal del Estado de Jalisco; así como los cometidos en la administración pública.
Pretenden que se sancione la existencia de una partida extraordinaria para el pago de nómina de 80 empleados “asimilados”, que funcionaba como una nómina para “amigos”; a la que la anterior gestión destinaba de 10 a 14 millones de pesos anuales.
La segunda denuncia es por la probable comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público (artículo 145, fracción VI, Código Penal del Estado de Jalisco) y/o uso ilícito de atribuciones y facultades (artículo 152, fracción IX, Código Penal del Estado de Jalisco).
Aquí mediante un contrato de comodato, el Ayuntamiento de Tlaquepaque, entregó la posesión de un inmueble a la CEDHJ del cual se desconoce el uso que se le daba.
Extrañamente en el contrato la Comisión se obligó al pago de servicios como el de agua potable (cláusula octava) y a la vez se omitió realizar el pago de servicio de agua potable del inmueble en comodato desde noviembre de 2019 hasta su entrega en agosto de 2022, lo que generó un adeudo con el SIAPA por la cantidad de 172 mil pesos y 41 mil 613.17 corresponden a recargos.
La tercera denuncia es por la probable comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades (artículo 152, fracción IX, del Código Penal del Estado de Jalisco) y por el delito cometido en la administración pública (artículo 154 fracción VII, Código Penal del Estado de Jalisco), ya que se contrataron los servicios de la empresa Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (uso de telefonía celular), de manera directa, aproximadamente en el mes de octubre del año 2019, (número de cuenta padre 53537137). Sin embargo, al vencerse el plazo de dos años, se renovó el contrato de telefonía, y nuevamente se firmó un contrato de adhesión con plazo forzoso de otros dos años. Tal omisión produjo un daño al erario por penalización en la cancelación de líneas telefónicas celulares por la cantidad de 29 mil 336 pesos y en su omisión a la revisión eficiente a tal contrato, los presuntos concedieron a su vez una ventaja indebida a la compañía telefónica.
Por lo pronto, ya la Comisión busca un acercamiento con el Servicio de Administración Tributaria para ver de qué manera puede negociar el adeudo de los 20 millones de pesos que se tiene.
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