La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dio a conocer que por los hechos ocurridos en la casa Varones de la casa hogar Cabañas ha iniciado el acta de investigación 556/2020/I por maltrato de menor y además por el abuso a otro pequeño por parte de sus compañeros. A la Fiscalía de Jalisco le pide pronta acción y la detención de los responsables.
Detalló, entonces, que encontraron más casos y agravantes en los temas, por lo que se dictaron medidas cautelares dirigidas al fiscal del Estado, al secretario del Sistema de Asistencia Social, al fiscal especial de Derechos Humanos, al procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco y a la Secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
En el caso del Fiscal del estado se le solicita que se garantice la reparación integral del daño en favor de los menores del albergue Casa Varones del Hogar Cabañas, como víctimas directas, y que se realice la inscripción ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Además que la carpeta de investigación se integre conforme al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, y se proceda a la detención de quien o quienes resulten responsables.
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Al secretario del Sistema de Asistencia Social se le pide que personal especializado tenga acercamiento con los menores de edad de la Casa para Varones, a fin de conocer sus necesidades y proporcionar los satisfactores pertinentes que estén dentro de sus facultades.
Mientras que a la secretaria ejecutiva de SIPINNA se le solicita que se realicen las gestiones necesarias para que los menores de edad, como víctimas directas, sean debida y legalmente representados y sus derechos restituidos.
En tanto que al procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco se le pide que los menores de edad, como víctimas directas, sean debidamente protegidos y realice las acciones para evitar que los revictimicen las instituciones que deban protegerlos.
Al DIF estatal o municipal, les recomendó que personal capacitado se entreviste con las víctimas, les ofrezcan atención médica y psicológica y, en su caso, sean pagados servicios particulares, a fin de que superen el trauma o afectaciones emocionales que pudieran estar sufriendo.