Porque las acciones hechas hasta el momento han sido insuficientes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) llamó a las autoridades de la entidad a generar mayor protección para periodistas.
En el marco del Día de la Libertad de Expresión, que se conmemora este 7 de junio en el país, el organismo pidió a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los 125 municipios de Jalisco a garantizar, en todas sus actuaciones, el cumplimiento de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada en el 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se habla de la obligación de los estados de prever y atender las diferentes violencias en contra del gremio.
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A los municipios en concreto solicitó desarrollen y reglamenten sistemas de alerta temprana y planes de acción que eviten agresiones potenciales a periodistas, y que se garantice la prohibición expresa de censura y cualquier obstaculización al desarrollo de la actividad periodística en el reglamento de policía y buen gobierno.
Por otro lado, pidió a la Secretaría General de Gobierno genere un informe sobre la situación estatal en materia de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con datos desagregados y perspectiva de género, a fin de que se publique; y se realice un estudio diagnóstico sobre la eficacia de la actuación estatal en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“A partir de los puntos anteriores, facilite lo necesario para el desarrollo de una consulta amplia, incluyente, asequible, exhaustiva, pluricultural y con perspectiva de género, para generar una propuesta de política pública que atienda la protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Jalisco que proyecte, de así determinarse, la reforma de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco”.
Tras dar un contexto de lo que se ha implementado en la materia en el país, como la aprobación de esta última ley en Jalisco, en diciembre del 2016, la comisión mencionó que se ha omitido el desarrollo de un plan anual de trabajo de los últimos años y que se carece de convenios con autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de este sector, de ahí la importancia por consolidar acciones concretas.