COLIMA, Colima (OEM-Informex).- En Colima, serán encarceladas aquellas personas que hagan amenazas con narcomantas y realicen "halconeo".
Esto luego de que integrantes Congreso del Estado aprobarán diversas reformas al Código Penal a iniciativa de la Gobernadora, Indira Vizcaíno Silva.
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De esta manera, aquella persona que realice amenazas públicamente a través de la colocación de mantas, cartulinas o cualquier medio físico o electrónico, será acreedora a multa y cárcel.
El Artículo establece:
"Cuando las amenazas se realicen públicamente, mediante la colocación de mantas, cartulinas, lonas, cartón o por cualquier medio físico o electrónico se le impondrán de dos a seis años de prisión, y multa por un importe equivalente de 40 a 120 unidades de medida y actualización”.
Esta sanción también la tendrá quien elabore, imprima, fabrique, proporcione, posea, desplace, traslade, aplique o coloque cualquier objeto que contenga expresiones o mensajes de amenazas en lugares públicos.
Legisladores y legisladoras -además- adicionaron Artículos a la Ley para sancionar el llamado "halconeo".
De esta manera, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión, y multa de 200 a 400 unidades de medida y actualización a quien vigile, rastree, obtenga o proporcione información o realice actos tendientes a comunicar, de manera injustificada, sobre las actividades oficiales de recorridos, traslados, operativos, estrategias y logística que realicen o pretendan realizar los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia y de ejecución de las penas, de los órdenes de gobierno estatal y municipal, así como los integrantes del Ejército, Marina Armada, Guardia Nacional o Fuerza Aérea, cuando estos últimos actúen en auxilio de las autoridades u órganos jurisdiccionales del Estado.
Además, se le impondrá de tres a 12 años de prisión y multa por un importe equivalente de 300 a 500 unidades de medida y actualización, cuando se realice con la finalidad de ocasionar un daño, entorpecer o evitar el cumplimiento de las funciones de las instituciones, órganos o servidores públicos señalados en los términos del párrafo anterior o bien para facilitar o permitir la realización de algún delito, por sí mismo o por un tercero.