Ante los casi siete mil indígenas que están en la cárcel por no haber contado con un intérprete en su lengua durante los juicios, es en todo el país se inició un proceso de certificación en lenguas nacionales o indígenas para acompañar a alguna personas de estas comunidades en caso de ser señaladas de un delito y sepan de qué son acusadas.

Esta situación fue expuesta por Alejandro Robledo Flores, coordinador general de Derechos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, durante la capacitación que se le da a peritos intérpretes en Jalisco y destacó la importancia de la labor que habrán de desempeñar una vez concluida su instrucción.

A la fecha no se sabe si esas seis mil 998 personas indígenas privadas de la libertad en alguna cárcel del país, supieron a ciencia cierta de qué fueron acusado, ni si les acompañaron adecuadamente en su proceso judicial, ya que se tiene un rezago histórico en el cumplimiento del acceso a la justicia, además de que el reto es enorme ya que se tienen 68 lenguas indígenas en todo el país y diversas variantes.

“Muchos no tuvieron un proceso debido, fundamentalmente fue la falta de traductores y por la falta de intérpretes, es el 3% de la población privada de la libertad y más del 60% de ellos tuvieron una falla en el proceso por intérpretes”, de ahí la importancia de esta certificación que realizan las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero aún hace falta el compromiso del Poder Judicial.

Mientras que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, señaló que con estas acciones se comienza a impulsar el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia y el debido proceso al contar con alguien que le diga en su lengua materna a los indígenas de qué se les acusa y puedan defenderse de la manera adecuada.

Esta capacitación se da en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra en el mes de agosto y es con el objetivo de poder garantizar el acceso a la justicia.

De ahí la importancia del proceso de certificación de los peritos intérpretes en las lenguas de los pueblos originarios y de los cuales el Estado no cuenta con los suficientes o carece de quién pueda asumir esta tarea.

“Adquiere particular relevancia cuando se habla del acceso a la justicia ya que una persona que no domina el español, cuando a va a un tribunal a demandar justicia, a presentar una denuncia o se ve como presunto responsable tiene el derecho al debido proceso, es decir la audiencia, la defensa, la representación jurídica, saber de qué se le acusa y todo esto se ha incumplido”, entre otros aspectos.