Luego de que la Contraloría tapatía determinara que la regidora Claudia Salas cometió una falta grave por suscitar la boda civil de una de sus subordinadas en el Palacio Municipal, el alcalde, Ismael del Toro Castro, insistió en que no se cometió alguna violación a los reglamentos municipales.

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Si bien dijo que habrá que esperar cómo avanzan los procesos en el Tribunal Administrativo, refirió que la propia resolución de la Contraloría también señala que no hay uso de recursos públicos, ni un menoscabo al patrimonio del municipio, y que si existe falta grave es porque así lo considera la ley.

La boda civil se llevó a cabo el 31 de octubre pasado -la cual se difundió en redes sociales- y fue denunciada a inicios de noviembre por la regidora tapatía de Morena, Claudia Delgadillo, bajo el argumento de una violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas, por la posible utilización de recursos públicos para un asunto particular.

"La ley tiene nada más dos vertientes, los considera graves todo lo que tiene que ver con no obedecer digamos la disposición administrativa, y las no graves pues son nada más desacato de una instrucción inmediata, así está la ley, por eso es considerado en este caso grave", explicó el munícipe.

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Reiteró que el acto jurídico como tal se realizó dentro de norma, pues él llevó a cabo la ceremonia en su oficina, dentro de los reglamentos del municipio, por lo que lo analizado por la Contraloría fueron las denuncias hechas en torno al encuentro o reunión posterior que hubo después de la ceremonia en la Sala de Ex Presidentes del Palacio Municipal, en la que por cierto él no participó.

"(En presidencia) se solicita el espacio para un sin número de actividades, es un edificio público, me parece que eso es lo que hay que destacar: no hay malversación de recursos, no hay un mal uso, pero sí hay un cumplimiento por parte de la Contraloría y esa es mi instrucción, que, si no está alguna acción de cualquier funcionario apegada estrictamente a la ley, pues que se actúe en consecuencia".

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Dijo que en la resolución no se determinó una violación de algún reglamento, por lo que en vez de manifestar si la regidora excedió o no sus atribuciones, pugnó por esperar a las determinaciones finales del caso.

De acuerdo a la Contraloría Ciudadana de Guadalajara se determinó una falta grave en estos hechos, porque que presidencia municipal fue usada fuera del horario de atención al público y la regidora sobrepasó funciones. Por esto, Claudia Salas acudirá a una audiencia inicial el 28 de enero, y el caso como tal ya se turnó al Tribunal de Justicia Administrativa en donde se determinará si se le aplica alguna multa o sanción.