En histórica resolución, los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) dieron el visto bueno a la solicitud de plebiscito en contra de la donación que hizo el Ayuntamiento de Tlaquepaque a la Universidad de Guadalajara (UdeG) de un predio en el Cerro del Cuatro para construir un centro universitario, ahora la decisión final está en manos del Consejo Municipal de Participación Social.

El presidente del IRPC, Guillermo Alcaraz Cross, destacó que de la totalidad de las firmas entregadas por los solicitantes, fueron poco más de 290 firmas válidas y solo requerían de 237, que todos viven en Tlaquepaque y están en el padrón electoral, por lo que ya solo queda que en el municipio de Tlaquepaque se emita la declaratoria de procedencia o se funde la negativa.

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En caso de ser positivo y se notifique al IEPC esa decisión, el organismo electoral contará clan 60 días para realizar la votación en donde se prevé la instalación de 500 casillas ya que es una resolución de las autoridades la que está en juego, aunque dicho consejo no tiene una fecha límite para sesionar y emitir su resolución, además los recursos deberán ser aportados por el Gobierno del Estado.

“Lo que nos corresponde es emitir una declaración del cumplimiento de los requintos, es decir, el número de firmas y la calidad de los solicitantes, eso está cumplido y lo que se hace es remitirlo al Consejo Municipal, porque es un plebiscito de índole municipal, ellos deberán resolver la procedencia, si la materia es la adecuada, si es el mecanismo es adecuado y si lo avalan nos lo tiene que devolver, tenemos que publicar una convocatoria y a partir de ahí tenemos 60 días para llevar el proceso”, explicó.

El problema está en que ella instancia municipal no tiene una fecha límite para sesionar y avalarlo o rechazarlo por lo que no se puede estimar para cuando se puede realizar la votación, pero lo que sí se calculó ya es que se requerirán de al menos 500 casillas y ahí es en donde se piensa utilizar la urna electrónica con lo que los costos se reducirían de forma drástica, además de que las boletas no requieren de tener tantos controles de seguridad como sucede con una elección constitucional.

Aunque ese Consejo no tiene la última palabra ya que los inconformes podrían impugnar ante los tribunales electorales en caso de que se rechace y serían los magistrados los que determinarían la procedencia o no de la solicitud.