La elección por voto popular de jueces y magistrados es la destrucción del estado de derecho y violación del artículo 49 de la Constitución, que establece que nunca se depositarán dos o más poderes en una sola mano o partido político. Así lo dijo la magistrada de circuito, Angélica Díaz Pérez, tras la aprobada reforma al Poder Judicial, que hoy a su decir también provocará una crisis en la impartición de justicia en el país, y aunque existen elementos jurídicos para revocar la reforma, el poder adquirido por Morena los deja en estado de indefensión.

Al romperse el estado de derecho, se crea una desobediencia expresa a los juzgadores constitucionales, lo que provoca una crisis económica, social y en la seguridad. La magistrada Díaz Pérez coincide en que se requiere de una reforma, pero no la propuesta, pues debe aplicarse en primera instancia en las fiscalías y ministeriales.

“Jurídicamente hay muchos caminos que seguir, pero fácticamente estamos en un estado autoritario, en un estado de represión, en un estado que ya dio muestras de que no va a respetar la civilidad y que no va a respetar las decisiones jurisdiccionales. Entonces, una cosa es el deber ser y otra es lo que está ocurriendo en la realidad”.

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Al no existir voluntad por parte del legislativo para replantear la reforma al Poder Judicial, la magistrada del quinto tribunal colegiado civil, Susana Sánchez González, hace un llamado a la razón de los dos poderes, ya que no existe posibilidad de que la elección de jueces y magistrados por voto popular garantice que cambie o mejore la impartición de justicia en el país.

“Evitar que siga esta crisis constitucional está en manos de ellos. Solucionar lo que ya rompieron en este estado de derecho es fundamental, y creo que la razón jurídica debe permear en todo esto. Aquí por parte de ellos, creo que debe existir una conciliación de lo que están provocando, porque no solamente es una crisis constitucional declarada, sino que hay una crisis social. Los movimientos que se están haciendo no solo son del Poder Judicial, sino que hay muchos grupos sociales que ya están en acción apoyando porque ya están conscientes de esa parte”.

Para la magistrada María Díaz Pérez, su cargo y función se deben a la construcción y no a terceros; por ello, ejercer la justicia sin ningún tipo de compromiso es crucial, a diferencia de los designados por elección popular, que llegarán por acuerdos del legislativo y ejecutivo, lo cual es cuestionable por existir un posible conflicto de interés.

“Nosotros juzgamos la actuación de las autoridades y, cuando existan jueces y magistrados federales votados, les van a deber el cargo a alguien que los haya impulsado para llegar a ese lugar. Nosotros no se lo debemos a nadie, y una de las garantías judiciales es la imparcialidad, reconocida en México y a nivel internacional”.

A nivel nacional, más de 56 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación se verían afectados por la reforma, por ello se pide replantear y que se destinen recursos para crear más organismos que realmente lleguen a la población y puedan otorgar esa impartición de justicia de la que se quejan y que les atañe.

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