Este 27 de abril se cumple un año de los desalojos de 70 familias de la colonia La Floresta y, a la fecha, no han recibido apoyo ni reubicación.
Tanto los vecinos, como su abogada, señalan que los desalojos se realizaron de forma discriminatoria e ilegal, ya que no existió una notificación previa y esa noche sólo se les dio 15 minutos para abandonar sus viviendas antes de ser demolidas.
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Carla Escoffié, asesora jurídica de los vecinos de La Floresta, responsabiliza a los gobiernos de Zapopan y Jalisco por ejecutar los desalojos y a la CONAGUA por emitir la orden cuando las viviendas no invaden la zona federal y la mayoría de ellas si cuenta con títulos de propiedad autorizados por el Registro Agrario Nacional (RAN).
"No es justificación porque tendrían que haberles notificado y permitido ejercer medios de defensa, pero además no es verdad que todas las familias en La Floresta no tengan títulos de propiedad, hay muchas que los tienen, hay muchas que como aquí ya mencionaron tenían documentos suficientes para demostrar que, legalmente, tenían el derecho de estar en la zona y aún así se les desalojó de manera arbitraria y no se les dejó ningún tipo de documento en el cual se fundamente por qué se les estaba sacando".
Checa el dato:
La asesora jurídica indicó que el amparo realizado aún se encuentra vigente en un Juzgado de Distrito de Jalisco y que en otro momento darán a conocer todos los detalles y avances del proceso legal.
Por su parte, Jesús Arturo López Ramírez, vecino desalojado de La Floresta, dijo que el único acercamiento con las autoridades federales se dio con Bienestar, quien en un inicio les ofreció apoyos, pero tras ese año no ha recibido nada; el Gobierno de Zapopan les otorgó alimentos por 22 días y que del gobierno estatal y CONAGUA no han encontrado respuestas.
"CONAGUA nos ha cerrado las puertas, nunca hay representantes en la queja de Derechos Humanos, la respuesta de ellos fue que CONAGUA fue el responsable, pero estos no dan la cara y nunca se ha pronunciado en el contexto de su responsabilidad y pues seguimos en lucha porque en Gobierno del Estado nos cerraron la puerta y nos dijeron que ellos tampoco tenían responsabilidad".
Durante ese año, las 70 familias desalojadas de La Floresta han padecido por pagar rentas, reponer lo que perdieron en sus viviendas y por no encontrar justicia, a lo que ellos consideran un acto de abuso de poder, ya que insisten que pueden demostrar que no eran paracaidistas ni estaban asentados en zona federal.
A un año de los hechos, buscan que tanto el Gobierno de Zapopan, el Estado y la Conagua asuman su responsabilidad y paguen los daños que les han mermado en salud mental y su economía.