Consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco discreparon del presupuesto presentado por su presidenta, un documento de 500 páginas, del que aseguran es opaco y contiene gastos como una inversión de 4 millones en el edificio o 6 millones para contratar a supernumerarios, lo que se hace sospechoso por ser año electoral.
Carlos Elizondo Sandoval, consejero estatal de la CEDHJ, comentó que en los últimos cuatro meses del anterior presidente Alfonso Hernández Barrón, ya no se paró debido a que no podía entregar resultados, y es por eso que ahora solicita la renuncia de la actual presidenta Luz del Carmen Godínez, “que no está atendiendo lo que debería de atenderse” y lamentó la poca participación del organismo en todos los casos que han sufrido los colectivos de Madres Buscadoras.
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Los consejeros coincidieron en que el documento no fue elaborado en el seno del organismo y en cambio ya se los presentaron hecho, haciendo caso omiso a las recomendaciones que en su momento realizaron. Pero “no se le cambió ni una coma”, añadió.
Dijo que mientras no se atiende a los ciudadanos y hay quejas levantadas en febrero que aún no se resuelven: “Nos hablan de gastar en el edificio más de 4 millones de pesos en reparaciones cuando la ciudadanía no puede levantar quejas, cuando la ciudadanía esta perdiendo a sus familiares y nadie les da una respuesta. No podemos gastar ni un peso en un edifico que está totalmente funcional y ellos pretenden gastar más de 4 millones el año 2024”.
Añadió además que el otro tema “es el de asimilados de personas que se contratan extraordinarias a por 6 millones de pesos a una plantilla que me parece grandisima para los pocos resultados resultados que entregan, quieren que se aprueben los 6 millones pero no dicen cuántas personas a qué se van a dedicar, por cuanto tiempo etc”.
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La presidenta acusó al consejero de que permanece ausente de las audiencias y aseguró que el documento ya estaba consensuado, además de que aclaró que si no hay acuerdo para el presupuesto del 2024: “Finalmente la ley prevé que si no se logra consensuar el congreso es el que aprueba que el congreso es el que aprueba el presupuesto con base al techo presupuestal del año pasado”.
El consejero, Carlos Elizondo Sandoval, comentó que la votación fue cerrada de 5 votos en contra y 4 a favor, por lo que debe de quedar el mismo presupuesto autorizado para el 2023 y es falso que los diputados lo puedan modificar.