Los empresarios locales del sector de las grúas y del transporte en Jalisco han recibido con beneplácito la decisión del gobernador del Estado Enrique Alfaro Ramírez, de mantenerse en su cargo y no dejar al aire los asuntos urgentes de la entidad, para irse en busca de otras posiciones políticas.
Así lo manifestaron los dirigentes de AGRUMAC, Enrique Dueñas Rodríguez; de la Asociación de Grúas de Jalisco A.C. (AGRUJAL), José Tomás Orozco; y de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM), Diego Bolio Corona.
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En conjunto advirtieron que, particularmente en la industria que ellos representan, existe una agenda de temas pendientes que no han podido resolverse en lo que va de la actual administración estatal, lo cual genera un clima de incertidumbre permanente para los concesionarios que prestan los servicios de arrastre y salvamento en territorio jalisciense.
Coincidieron en que la actitud del mandatario es un signo de responsabilidad y, para ellos, tiene la lectura alentadora de que pronto podrán reanudarse las conversaciones con los miembros del gabinete estatal para conformar en conjunto un modelo de trabajo para las grúas, mediante el cual se aliente la inversión y la creación de empleos, a la vez que se dé certeza a quienes trabajan en este sector y a los usuarios.
“Hay una lista de situaciones que hemos estado denunciando desde hace ya varios años y sobre las cuales hemos intentado trabajar de la mano con el Gobierno del Estado. Específicamente dos de ellas demandan una solución urgente, que son la proliferación de vehículos de arrastre “piratas”; y los huecos de corrupción que persisten en el sistema, y que algunos malos funcionarios aprovechan de manera cotidiana”, denunció Enrique Dueñas Rodríguez, presidente de AGRUMAC.
En este contexto, “creemos que es la decisión más acertada por parte del señor Gobernador la de quedarse a concluir su mandato y cumplir aquellos compromisos previamente adquiridos con los votantes de Jalisco”, subrayó.
Diego Bolio Corona, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y representante de la Asociación de Grúas de Guadalajara y Municipios Anexos, recordó, por ejemplo, que el gremio sigue a la espera de que haya acuerdos con la autoridad con respecto al pago de los adeudos que tiene el Gobierno con ellos por concepto de servicios de grúas utilizados en sus operativos y actividades. En total se han acumulado 50 millones de pesos; 30 de ellos corresponden a la pasada administración estatal y el resto son de esta que encabeza Alfaro Ramírez.
También están en la lista las anomalías en torno a la cobertura que tiene la cabina única de asignación de servicios para grúas. Explicó que, en teoría, la mayor parte de estas solicitudes debería hacerlos la autoridad por esa vía, pero en los hechos ocurre que hasta el 80 por ciento de los servicios en la Zona Metropolitana de Guadalajara se concretan al margen de este sistema. Esto abre la puerta a extorsiones, situaciones de corrupción y operativos 'fantasma', indicó.
A su vez, el dirigente de la Asociación Jalisciense de Grúas A.C., José Tomás Orozco, mencionó que en el Estado trabajan unas 600 grúas, de ellas, calculó, alrededor de la mitad operan sin ningún permiso.
Otra asignación pendiente es aplicar una reingeniería en la operación de los depósitos vehiculares, pues en este renglón también hay deficiencias que propician robos y corrupción.
En medio de estas inquietudes, los representantes expresaron la disposición de sus diferentes organizaciones para destrabar aquellos aspectos que impiden romper las inercias negativas que frenan esta actividad económica, y para colaborar en la mejora continua del marco legal que rige sus servicios.
“La intención es, sobre todo, que de entrada se proteja y se ofrezca seguridad a los ciudadanos que requieren del uso de grúas, quienes son los que sufren perjuicios directos en su patrimonio al estar expuestos frente a extorsionadores o gente que no cumple con lo mínimo para trabajar en esto”, advirtió Enrique Dueñas de AGRUMAC.
