En medio de dos fuegos jurídicos está el Ayuntamiento de Guadalajara en caso del desarrollo habitacional aledaño al Parque San Rafael ya que por un lado los integrantes del Colectivo Unidos por Jardines de La Paz tiene una suspensión definitiva y por el otro hay una orden de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje debido a una huelga de trabajadores.

El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro indicó que por un lado “una autoridad nos señala que acatemos una suspensión pero otra autoridad nos señala que tenemos que cumplir un estallamiento de huelga y previo a eso había otros problemas con las suspensiones encontradas, son temas en los que se debe de tener mucho cuidado porque a final la autoridad que está señala como responsable es el ayuntamiento”.

Ante esta contradicción entre resoluciones de dos autoridades competentes, el Ayuntamiento de Guadalajara solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje documentación sobre el tema para ponerlo a disposición del Juzgado de Distrito en el que se desahoga esta controversia entre desarrolladores y vecinos para que determine qué es lo que procede.

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Por eso reconoció que las autoridades “estamos atados de manos por el estallamiento de la huelga, lo que se les explicó que son acciones que pueden ser impugnadas por algún interesado, nosotros estamos en la obligación de lo que nos mandarán los jueces”, señaló Del Toro Castro.

Tras la manifestación que sostuvieron los quejosos, el coordinador de los regidores de Guadalajara, Eduardo Almaguer Ramírez, dijo que analizará la situación de las dos resoluciones que se tienen y apegarse a lo que marca la ley, por lo que dijo que no está de acuerdo en que se interprete la ley en favor de un solo bando, por lo que desde su punto de vista la suspensión ganada por los vecinos es clara y deben detenerse los trabajos, aunque por el otro lado está la parte de la huelga de los trabajadores.

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Es por eso que analizará el tema para emitir una opinión y “en un momento dado una iniciativa en donde se diga la forma en la que debe cumplirse esta resolución y no dejarlo simplemente a la interpretación” que sólo favorezca a los desarrolladores inmobiliarios y no de los vecinos.