Se acabó la mano bendita del Ejecutivo en la designación de los magistrados y jueces del Poder Judicial, con la iniciativa que entregará el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al Congreso, sólo llegarán los perfiles mejores evaluados y los nombres de los candidatos no pasarán por las manos del mandatario.

En la propuesta de iniciativa se prevé que el Poder Legislativo emita una convocatoria a través de la cual y con el apoyo del Comité de Participación Social se elija a los candidatos más calificados quienes deberán de pasar una serie de evaluaciones de conocimientos y técnica, de esta forma el Gobernador en turno no propondrá a ningún candidato que aspire a ser parte del Poder Judicial.

Según la iniciativa que se entregará contempla la emisión de una convocatoria que dará a conocer Congreso.

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“El gobernador no va a intervenir como se dijo, en la convocatoria se establecerá la aplicación de una evaluación técnica de conocimientos, la cual será realizada por una institución de educación superior de investigación” la cual irá acompañada de la integración de un Comité de Vigilancia en donde estará un representantes de las universidades públicas, los candidatos que hayan pasado la evaluación técnica serán sometidos a una evaluación por parte del Comité de Participación Social

Con esto dijo que se deja en claro que el gobernador no intervendrá en la propuesta de la terna y en ninguna de las etapas, “que sea claro el mensaje que en comisiones se discuta lo que se tenga que discutir y que los tres candidatos mejor evaluados lleguen.

En caso de que ninguno de los candidatos logre la mayoría calificada entre los diputados, se procederá al método de insaculación, es decir, los tres nombres serán colocados en una urna y al azar se sacará el nombre del designado.

Además se propone que quienes sean designados en esos cargos, “deberán aprobar las pruebas de control de confianza” mientras que los activos tendrán seis meses para someterse a estas evaluaciones. Ahora l duración en el cargo de magistrado será de 10 años sin derecho a ratificación, ya no tendrán el llamado “haber de retiro” y los que estas en funciones no serán afectados en estos temas, sólo tendrán que aplicar las pruebas de Control y Confianza.

En el caso de los jueces, quienes sean designados durarán en el cargo cuatro años, podrán ser ratificados cuántas veces sea necesario, siempre y cuando sea sometido a las evaluaciones al tercer año y si no pasa será removido del cargo, con esto se termina con el nombramiento de juez de forma indefinida.

Sobre la posibilidad de que se amparen o se opongan a estos cambios por parte de algunos magistrados y jueces que están actualmente en funciones, el gobernador sentenció que sean exhibidos de forma pública y se combatirán todos esos instrumentos jurídicos ya que la intención es hacer “una limpia total” del Poder Judicial, esto pese a que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un na resolución que protegió esos derechos.

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“Resistencia claro que la habrá, por eso estamos haciendo público este ejercicio, porque ahora el llamado que ahora hago al Congreso con respeto es a qué ya no haya pretextos, porque si les preocupaba mi injerencia, ahí está la prueba de q e no es mi interés”, el gobernador no participará.

De los posibles amparos o resistencias que se presenten dijo que “posibilidades de que alguien vaya a oponerse, por supuesto que existen, pero estamos listos para dar la batalla legal, hicimos una consulta muy seria y nos la vamos a jugar, lo que sí vamos a hacer es que sí alguien interpone un recurso lo vamos a hacer público, le vamos a decir a los Jaliscienses quienes son los que obstaculizan el avance del estado y los vamos a exhibir, desde ahorita se los adelantó, con todo, no es broma, ya, se acabó ese asunto”.

Sobre este asunto el director jurídico del Gobierno del Estado, Adrián Talamantes, destacó que esta iniciativa está sustentada jurídicamente y esperan que los cambios se alcancen a dar, pero ya están preparados para responder cualquier amparo que interpongan los actuales magistrados, a quienes se les respetan sus derechos, incluso aquellos que están en posibilidades de ser ratificados este año por el Congreso.

“El tema de la controversia constitucional 86 del 2012 que efectivamente fue procedente, de sigue na forma tuvo su origen de que estaba eso previsto en una ley secundaria y ahora que está elevado a rango constitucional naturalmente ya juega otro rol, no tenemos duda que seguramente habrá resistencia o impugnación y ya será la autoridad competente la que le tocará resolver sobre la constitucionalidad de estas reformas”.