Al PRI le preocupa que sea una "cacería de brujas" entre poderes y sea un tema más de "control político" la evaluación a magistrados y jueces como parte de la reforma al Poder Judicial, la presidente de la bancada del PRI en el Congreso local, Mariana Fernández, manifestó que más que centrarse en los exámenes de control de confianza en magistrados debe observarse al Consejo de la Judicatura y exigirle que haga su trabajo y sancione a jueces y magistrados.
Existen más de mil quejas contra jueces y se desconoce a cuántos han sancionado.
"No sólo es elección de magistrados, en una segunda etapa es la de jueces, hay 130 jueces que están en reserva y que se desconoce como fueron electos o seleccionados", aseveró.
Fernández se pronuncia por un Observatorio que supervice al Poder Judicial. Ya existe un órgano sancionador en el Consejo de la Judicatura pero no hace su trabajo.
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Se puede caer la reforma al Poder Judicial en lo referente a la propuesta de 10 años para magistrados, de que jueces duren tres años en el cargo, eliminar el haber del retiro y los exámenes de control de confianza, ya que en la Constitución federal se establece la reelección, el haber del retiro y que no pueden ser sometidos a exámenes de control de confianza.
La legisladora priista, externó que le preocupa que no se respete la división de poderes y que se vea como control político del Ejecutivo estatal de cada tres años evaluar a jueces "te voy a evaluar y más te vale que estés a disposición del Ejecutivo, yo vería más que el consejo de la judicatura haga su chamba que es sancionar".
Los miembros del Poder Judicial, también pueden decir lo mismo que sean evaluados los miembros del Gobierno del estado, todo el Gabinete estatal y los 38 diputados. "Si piden a un Poder, también debe ser lo mismo para los otros".
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Sobre el periodo de 10 años para magistrados dice es inconstitucional, por lo que el PRI planteó quitar las dos terceras partes para que con mayoría simple pueda ser reelecto y no tenga que acudir para hacer "acuerdos políticos" al Congreso.
En desacuerdo que sea en un lapso de 15 días para aprobar la reforma como lo declaró el diputado salvador Caro, ya que no se trata de darle velocidad, sino se debe escuchar a todos los interesados y lo importante son las coincidencias.
Se debe resolver si son constitucionales o no los exámenes de control de confianza y sobre el periodo de permanencia de un magistrado a 10 años como plantea el Ejecutivo estatal.