La Asamblea Legislativa avaló la creación de la Ley de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Familiar en Jalisco, que establece que los agresores serán obligados a prestar trabajo comunitario, llevar un proceso reeducativo en cuestiones de género y ofrecer una disculpa pública.
La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género y de la bancada de Mujeres, promotora de la citada ley, la diputada Sofía Berenice García Mosqueda señaló: “Más allá de los números detrás de esa enorme cifra están las historias de mujeres que son maltratadas por quienes se supone que las aman, no podemos menospreciar el acoso”.
Con 32 votos a favor los legisladores dieron luz verde a la nueva ley.
Durante el 2020 se registraron 11 mil 890 denuncias por violencia familiar en Jalisco. Estos casos son sólo aquellos en los cuales las víctimas se atrevieron a presentar su queja ante las autoridades.
“Aún hay miles de mujeres que prefieren quedarse calladas ante la normalización de los abusos, la discriminación, los golpes y la muerte”, detalló la legisladora priista.
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Se abroga la ley anterior y se da paso a esta nueva legislación con lo que se busca transitar hacia un Jalisco libre de violencia familiar, con mayor igualdad y justicia.
Expuso García Mosqueda que el marco legal anterior se enfocaba sólo en la violencia intrafamiliar y en definiciones que hoy son obsoletas; la nueva legislación permite definir este tipo de violencia con mayor amplitud, hablando de la violencia que sucede no sólo en los espacios privados, sino también en los públicos y a la vista de todos.
Se dan nuevas facultades a las instancias del gobierno encargadas de la
prevención y atención de este tema; los ayuntamientos serán invitados permanentes con derecho a voz y voto en el Consejo Estatal para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Familiar, y podrá sesionar conjuntamente con el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres.
Establece la obligación de las y los servidores públicos para informar a la víctima que tiene derecho a solicitar órdenes de protección para salvaguardar su vida e integridad física, a ser tratada con empatía, sensibilidad y solidaridad, como parte del programa
de políticas públicas y acciones de gobierno a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Prohíbe expresamente los procedimientos de mediación y conciliación, éstos
quedarán en casos de violencia familiar grave donde se detecten agresiones físicas, sexuales o daño psicológico severo; en el resto, la decisión si el asunto se resuelve por medios alternos la deberá tomar la víctima, siempre que lo haga de forma libre, informada y en plena aptitud psicológica.
Las personas agresoras deben ser sometidas a procesos de reeducación integral, a ofrecer una disculpa pública y realizar trabajo comunitario, refirió la legisladora, presidenta de la Bancada del PRI.