Integrantes de pueblos originarios se presentaron en Palacio de Gobierno debido al desalojo del que fueron víctimas el pasado miércoles en la orilla del arroyo El Seco en el municipio de Zapopan; exigieron soluciones y reubicación.
Aunque este jueves autoridades y sociedad civil se reunieron para tratar este tema, luego de que trascendiera el desalojo y derribo de más de 70 viviendas irregulares en la zona de Miramar, ciudadanos no dejaron de lamentar la forma en la que actuaron autoridades, ya que no solo llegaron con violencia, sino que nunca se les avisó del desalojo.
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"Tuvieron un año para avisarnos y reubicarnos y la verdad nos están dejando en la calle. Venimos a defender los derechos de todos los vecinos y a dialogar con el gobierno, que nos dé una vivienda digna para nosotros, que no nos deje en la calle porque es el patrimonio que hemos tenido, que hemos construido en años", expresó María Adela.
Explicaron que muchos de los vecinos tienen más de 20 años viviendo ahí y que, contrario a lo que dicen muchos, sí compraron esos terrenos en su tiempo a una casa ejidal.
"No es justo que de la noche a la mañana vengan a derrumbar nuestras casas. Esto nos llegó de sorpresa porque el gobierno según dice que cuida nuestra seguridad, que nos protege, y al contrario nos está dejando en la calle. Dijeron que iban a llegar a un acuerdo (con la reunión de hoy), pero nos dimos cuenta que siguen tirando casas", lamentaron.
Recordaron y lamentaron que autoridades llevaron a cabo los desalojos de manera violenta, sin darles oportunidad de retirar sus cosas, por lo cual reiteraron el llamado a frenar estas agresiones.
Al concluir la reunión de autoridades, este jueves en palacio de gobierno, se acordó detener el derrumbe de las casas este año, que se abrirán casas puentes desde el DIF para que las familias afectadas puedan transitar por tres meses, y que se apoyará con menaje.
El miércoles desde temprano trascendió el desalojo y derrumbe de alrededor de 70 viviendas en las inmediaciones del arroyo, por ser asentamientos irregulares. Estas acciones las realizaron los tres niveles de gobierno, bajo el operativo "Miramar a salvo", en aras de evitar las severas inundaciones y demás afectaciones que se registraron el año pasado por la zona.
