De acuerdo al Informe Alternativo de Tortura en México: Elemento estructural del sistema de justicia, realizado por la asociación, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) destaca la constante violación de derechos humanos con personas privadas de su libertad, actos de tortura en centros penitenciarios y arrestos masivos de mujeres en la época de la “Guerra contra el narco”.
El Informe se envía para consideración del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas ante el séptimo examen periódico a México en el marco del 66° periodo de sesiones que se realiza del 23 de abril al 17 de mayo de 2019.
Con este trabajo por Asilegal realizado en varias partes del país y centros penitenciarios se obtuvo información: situación de tortura; tratos crueles, inhumanos o degradantes en los diferentes contextos sociales e institucionales que dan cuenta de la sistemática violación a los derechos humanos de las personas bajo prejuicios, estereotipos, discriminación e impunidad.
En la era del encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las malas condiciones de internamiento, el procedimiento abreviado presenta un obstáculo más en el acceso a la justicia para las personas en conflicto con la ley penal, indica el Informe, añade que esta figura fue introducida con la implementación del Sistema Penal Acusatorio (2008), regulado en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales “Se condena al imputado o imputada a una pena menor si, y sólo si, admite la plena responsabilidad por los hechos que se le imputan”. La finalidad fue la despresurización del sistema de justicia a través de procesos más cortos. Y se les quita la oportunidad de llegar al juicio oral y poder defenderse y contradecir la acusación del ministerio público.
Otro de los aspectos que toca el reporte son los estudios de personalidad que se aplican en los reclusorios como pruebas para justificar el riesgo que representan las personas privadas de la libertad y el sometimiento a ellos es requisito para acceder a los beneficios preliberacionales.
Estudio que han sido condenados en múltiples ocasiones por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) e inclusive por tribunales mexicanos.
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Estos estudios constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes correspondientes a un sistema penitenciario que busca la readaptación y regeneración del individuo, considerado éste como un sujeto desviado y antisocial que requiere un tratamiento de “normalización”; criterios violatorios a los derechos de integridad personal y dignidad humana.
El modelo “súper-max” es implementado en todos los Centros Penitenciarios Federales. Una deficiencia generalizada del sistema penitenciario mexicano es la falta de personal, en seguridad y custodia. La CNDH indica que el 83.33% de los Centros Penitenciarios federales carece de este tipo de personal.
Lo lamentable que ello es para justificar que los reos pasen de 19 a 22 horas de encierro en sus celdas sin posibilidad de desarrollar actividades deportivas.
La guerra contra el narco implementada por el expresidente Felipe Calderón trajo encierros masivos de mujeres con coacusados y que a la fecha no han recibido sentencia y están privadas de la libertad como medida cautelar, proceso que no debe pasar de 2 años.
También señalan homicidios en contra de personas LGBT, se observan investigaciones parciales, llenas de prejuicios y estigmas y total indisposición de llevar a los responsables ante la justicia[R1].
Se les señala a las víctimas: “hombres vestidos de mujer” o con “costumbres afeminadas”, Y minimizan los actos violentos como “crímenes pasionales”.
Critican los esfuerzos por “curar” a las personas LGBTI dentro del sector salud nacional.
La Fundación Arcoíris dice que 21.21% de los entrevistados fue obligado a tomar alguna vez tratamientos relacionados con su orientación sexual o identidad de género
Recomendaciones:
- -Garantizar la reducción de la pena propuesta por el Ministerio Público.
- -Garantizar recurso jurídico para las personas coaccionadas a aceptar el procedimiento abreviado.
- -El Estado mexicano debe garantizar dejar de aplicar los estudios de personalidad a reos.
- -Impulsar una política penitenciaria que privilegie las medidas no privativas de libertad.
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