Al considerar que es inconstitucional la medida, por vulnerar las garantías de poder ejercer libremente la profesión, integrantes del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco llamaron al Congreso del Estado a implementar una contrarreforma a la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales, a fin de que no se obligue a ciertas profesiones a sacar una certificación estatal provisional para poder trabajar.
De acuerdo a la dirección de Profesiones de Jalisco a partir del 2023 será obligatoria la certificación cada cinco años para ingenieros, arquitectos, contadores, los del ramo de la salud y abogados. En este sentido, estos últimos se mostraron en contra de la medida.
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"¿Qué está sucediendo? Muchos abogados, profesionistas de la medicina, ingenieros y arquitectos están temerosos porque supuestamente en el 2023 la dirección de Profesiones del Estado pretende coaccionar para cobrar un impuesto y hacer lo que llaman ellos una cédula temporal. Eso es una vergüenza, es una aberración", consideró José Luis Tello, secretario coordinador ejecutivo del consejo.
Aseguró que el Estado no está facultado porque se está usurpando a la dirección general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), puesto que esto ha originado, a raíz de las reformas que se hicieron en Jalisco en la materia, que muchos de los profesionistas en las ramas ya mencionadas se registren para sacar mencionado papel desde ya.
"Esto es para efectos recaudatorios en perjuicio del profesionista y en beneficio del estado. Esto se llama el cobro de plaza, porque no puede ser que el estado violente el Estado de derecho y no respete la Constitución. Por ello pretendemos que el Poder Legislativo haga una contrarreforma a esta ley inconstitucional".
Al expresar que se están preparando con amparos para evitar verse afectados por esto, señaló que hasta el momento alrededor de 45 mil profesionistas son los que han pagado mil 200 pesos para sacar un documento que no tiene validez oficial.
"No estamos de acuerdo con lo que está pasando en Jalisco. Por eso el amparo que tenemos ya en puerta es para no dejar que una ley que es inconstitucional coaccione en contra del libre ejercicio de la profesión. El Estado está recaudando dinero, y esto es en contra de los profesionistas y menoscabando los derechos fundamentales".
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