Con casi una semana de haber iniciado la huelga de hambre para exigir justicia por su caso, la exagente de la Fiscalía de Desaparecidos, Marely Romero, reiteró el llamado al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, para que la reciba; le pide suspender a su agresor, quien sigue como policía activo del municipio, ya que con las intimidaciones que ha sufrido teme ser una cifra más de feminicidio.

Son varias denuncias las que ya ha presentado en contra de su expareja -otras más están en proceso-, a quien ha señalado de agredirla en varias modalidades al grado de cometer tentativa de feminicidio, y aunque en el transcurso de este martes se desahogarán audiencias en el Centro de Justicia para las Mujeres, Marely lamentó que no haya igualdad jurídica para enfrentar el caso.

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"Como bien saben llevo más de seis meses en un proceso desgastante de denuncias a mi agresor, que es un policía en activo de Zapopan, el cual él mismo se ha jactado de estar protegido por todas estas autoridades. Llevo 141 horas en ayuno, seis noches en el quinto piso del Centro Integral de Servicios de Zapopan y no he sido atendida por el presidente. Mi principal demanda es el cese de este elemento para tener igualdad jurídica".

Añadió que ha recibido además ciberacoso y que tuvo que regresar el pulso de vida, porque ello solo era pretexto para que su agresor la tuviera ubicada. Respecto a las audiencias de esta tarde, agregó, una sería de imputación y otra para ver si se vincula a proceso a su expareja, ambas por ciberacoso, amenaza y lesiones. Además, expresó que ya están trabajando en otras denuncias por robo y más lesiones.

Recordó también que aunado a las amenazas y agresiones que ha sufrido, se enfrentó al despido como exjefa de grupo de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en mayo pasado, al señalar que su expareja se adjudicó esta acción, por lo que teme ser una cifra más en feminicidios ante la indolencia de las autoridades.

"No quiero ser una cifra más de feminicidio en Jalisco, y por eso estoy alzando la voz hoy y no quiero que una vez muerta se me siga criminalizando (...). Como víctimas no tenemos que llegar hasta estos extremos para ser escuchadas. Esto se tiene que hacer conforme a protocolos. La ley dice que él (mi agresor) debe de estar fuera de sus funciones en lo que resuelve sus asuntos legales y no ha sido así. Esa es mi queja”.