/ lunes 9 de septiembre de 2024

A seis años de los tráileres de la muerte sigue la crisis forense

En 2019 Comisión de Derechos Humanos evidencia 605 cadáveres en contenedores

Han pasado 6 años desde que salió a la luz pública la exis­tencia de los llamados “tráileres de la muerte” en los que de acuerdo con el go­bierno de aquel entonces había 444 cuer­pos pero la Comisión de Derechos Humanos evidenció en la recomendación 10/ 2019 que era 605 cadáveres depositados en esas cajas frigoríficas ante la saturación.

El 31 de agosto de 2018 se autorizó la salida de uno de los dos tráileres con caja de la empresa LMO Montes, SA de C.V., mismo que fue abandonado en una bodega de La Duraznera de Tlaquepaque y después el 15 de septiembre fue trasladado a un predio atrás del fraccionamiento Paseos del Valle, en Tlajomulco en donde comenzó a emanar olores fétidos y a generar molestia entre los colonos quienes amagaron con prenderle fuego.

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La situación estaba fuera de las manos del entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz porque había estallado el escándalo.

Luego el “tráiler de la muerte” fue llevado a la bodega de la Fiscalía Estatal en la Calle 14. El día 18 de ese mismo mes y año se descubrió la segunda caja frigorífica llena de cuerpos sin identificar en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Un sexenio después y apunto de que termine la actual administración estatal de Enrique Alfaro no hay ninguna persona sancionada por el mal manejo de los cuerpos que estaban amontonados, apilados en esas cajas.

Por ese caso el ex director del IJCF Luis Octavio Cotero Bernal y el ex director del Semefo Eduardo Mota Fonseca fueron vinculados a proceso el 19 de septiembre de 2021 por abuso de autoridad, pero en abril de 2023 el primero logró revertir mediante un amparo la vinculación a proceso. Con ello ambos fueron exonerados, mismos que eran los únicos imputados por presuntamente permitir que deambularan los cuerpos por tres municipios de la Zona Metropolitana, pero Cotero ha argumentado que esa era facultad de la entonces Fiscalía General del Estado que encabezaba Raúl Sánchez Jiménez.

Cotero Bernal reiteró lo que ha dicho desde el principio de su imputación que era la Fiscalía la responsable del resguardo de los cuerpos.

“Ese tema quedó resuelto por todas las autoridades, en todas las instancias, en donde no nos encontraron culpables de nada porque nosotros esa institución era una institución exclusivamente para ha­cer dictámenes periciales y jamás se nos reclamó ningún dictamen pericial. Ese tema está agotado”.

Dijo que los verdaderos responsables jamás han sido llamados a rendir cuentas. Al conocer el tema de la crisis forense refirió que es necesario la contratación de más personal e incrementar el presu­puesto para poder acabar con ese rezago y defendió que todos los cuerpos que estuvieron en el IJCF durante su gestión tenían el protocolo completo.

En ese entonces el caso de los tráileres evidenció una crisis forense misma que tampoco ha logrado resolverse pese al reiterado insistir de las autoridades de que no existe esa problemática, pero esto se refleja en la tardanza en la entrega de cuerpos, de entrega de dictámenes genéticos y demás problemáticas.

“Tienen demasiado desagüe en dictámenes periciales de genética que a la gente no le dan resultados, ahí la traen a vuelta y vuelta durando hasta un año para entregar los cuerpos que ya han ido a identificar las familias y creo que eso no es otra cosa más que una llamarada de petate para justificar algo más el Gobierno del estado”, expresó el ex director del IJCF.

SIETE AÑOS EN EL SEMEFO

Verónica Olivares es hermana de Jesús Alberto Olivares Rodríguez cuyo cuerpo podría ser uno de los que deambuló por la ciudad en los tráileres. El desapareció el 10 de octubre del 2017 y ahí empezó el calvario para su familia, sin embargo su cuerpo ingresó al Semefo nueve días después del reporte de su desaparición pero sus familiares fueron notificados de su localiza­ción apenas el 22 de enero del 2024, es decir siete años después. En diciembre de 2018 fue inhumado en el Panteón Guadalajara en donde se construyeron gavetas para los cuerpos de las cajas frigoríficas.

“Estamos hablando que pasaron años de todos modos para poder decirme que estaba ahí. Que ahí ya habían localizado a mi hermano. Fue muy doloroso porque ahora sí que fueron muchas emociones encontradas. Entre enojo porque pudieron haber evitado muchísimo sufrimiento para toda la familia.

Después de todos esos años de bús­queda Verónica puede decir que no hay organización en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses porque de ser así con las confrontas podrían entregarse los cuerpos de manera rápida, esperar incluso años la entrega de un cuerpo. Ahora ha abandonado la posibilidad de exigir justicia porque ya fue amenazada y golpeada. Actualmente tiene un Pulso de Vida.

NO HAY VOLUNTAD

Héctor Flores fundador del colectivo Luz de Esperanza, señaló que el tema de la cri­sis forense vienes desde hace dos administraciones.

“Se complicó obvio más con todo el trabajo que estamos haciendo las fami­lias, los colectivos de encontrar a nuestras personas desaparecidas y no tienen abasto, no tienen abasto, no tienen tecnología no tienen presupuesto no tienen personal”. Eso aunado a la falta de voluntad para resolver la crisis

CUERPO EQUIVOCADO

Ante la falta de organización al interior del IJCF en junio de 2019 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 12/19 luego de que un hombre presentó una queja porque su hijo des­apareció el 14 de marzo de 2016 pero el 18 de septiembre del año siguiente fue notificado que el cuerpo estuvo ese tiempo en las instalaciones forenses pero fue entre­ gado a una universidad privada para investigación. La recomendación 13/19 emitida el 14 de junio por esa misma instancia reveló que un canadiense viajó a Puerto Vallarta en donde murió el 9 de marzo de 2016, pero sus restos fueron entregados a una familia equivocada la cuál decidió in­cinerarlo. Además se encontraron contradicciones en la causa de muerte.

Joel Enrique Juárez, de 17 años, desapareció el 12 de septiembre de 2015 en Lagos de Moreno. En noviembre de ese mismo año fue encontrado y tras 8 años se confirmó que el cuerpo estuvo en la morgue; en abril de este 2024 su cuerpo fue entregado a su mamá. Adrián, de 27 y Enrique de 28, de apellidos Esparza Sánchez desaparecieron el 10 de septiembre de 2015 el Lagos de Moreno pero en 2016 fueron localizados, fue en marzo de este 2024 cuando sus cuerpos fueron regresados a sus familias.

­Antonio Cabezas Hernández, de 59 años, falleció el 29 de septiembre de 2017 mismo que estaba identificado sin embargo el 27 de agosto de 2019 su hermana lo identificó y se le notificó que era uno de los cuerpos de los traileres.

­Jesús Alberto Olivares Rodríguez desapareció el 10 de octubre de 2017 y fue localizado su cuerpo 9 días después; en diciembre de 2018 durante la crisis forense de los tráileres de la muerte, fue inhumado en diciembre de 2018 en el panteón Guadalajara. Fue hasta el 22 de enero cuando su familia se enteró que permane­ció en resguardo de las autoridades esos 6 años. El 9 de septiembre de 2017 un hombre de oficio lavacoches fue arrollado y dos días después murió en el hospital civil, su madre comenzó su búsqueda y hasta el 27 de noviembre de 2018 se enteró que su hijo estaba en el Semefo. Javier Ángel Jara Navarro fue privado de la libertad el 14 de mayo de 2019 en Tlajomulco; fue hasta el 4 de septiembre de 2021 cuando su cuerpo incompleto fue entregado a sus familiares. Miguel Ángel Ochoa fue privado de la libertad en junio de 2019, dos días después fue localizado muerto, pero después de 20 meses, en febrero de 2021 fue entregado a sus familiares.

­María Guadalupe Alcalá Macías, de 16 años, desapareció el 24 de marzo de 2016, encontraron su cuerpo el 26 de septiembre de ese año y lo entregaron a su madre el 18 de julio de este año tras ocho años de búsqueda.

­Alan Ismael Pedroza Ovalle desapareció el 9 de junio de 2022 y fue localizado el 15 de noviembre de ese año en una fosa clandestina. Karey Franco fue privada de la libertad por sujetos armados el 24 de marzo de 2020 y sus restos fueron encontrados en 2022.

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Han pasado 6 años desde que salió a la luz pública la exis­tencia de los llamados “tráileres de la muerte” en los que de acuerdo con el go­bierno de aquel entonces había 444 cuer­pos pero la Comisión de Derechos Humanos evidenció en la recomendación 10/ 2019 que era 605 cadáveres depositados en esas cajas frigoríficas ante la saturación.

El 31 de agosto de 2018 se autorizó la salida de uno de los dos tráileres con caja de la empresa LMO Montes, SA de C.V., mismo que fue abandonado en una bodega de La Duraznera de Tlaquepaque y después el 15 de septiembre fue trasladado a un predio atrás del fraccionamiento Paseos del Valle, en Tlajomulco en donde comenzó a emanar olores fétidos y a generar molestia entre los colonos quienes amagaron con prenderle fuego.

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Por ese caso el ex director del IJCF Luis Octavio Cotero Bernal y el ex director del Semefo Eduardo Mota Fonseca fueron vinculados a proceso el 19 de septiembre de 2021 por abuso de autoridad, pero en abril de 2023 el primero logró revertir mediante un amparo la vinculación a proceso. Con ello ambos fueron exonerados, mismos que eran los únicos imputados por presuntamente permitir que deambularan los cuerpos por tres municipios de la Zona Metropolitana, pero Cotero ha argumentado que esa era facultad de la entonces Fiscalía General del Estado que encabezaba Raúl Sánchez Jiménez.

Cotero Bernal reiteró lo que ha dicho desde el principio de su imputación que era la Fiscalía la responsable del resguardo de los cuerpos.

“Ese tema quedó resuelto por todas las autoridades, en todas las instancias, en donde no nos encontraron culpables de nada porque nosotros esa institución era una institución exclusivamente para ha­cer dictámenes periciales y jamás se nos reclamó ningún dictamen pericial. Ese tema está agotado”.

Dijo que los verdaderos responsables jamás han sido llamados a rendir cuentas. Al conocer el tema de la crisis forense refirió que es necesario la contratación de más personal e incrementar el presu­puesto para poder acabar con ese rezago y defendió que todos los cuerpos que estuvieron en el IJCF durante su gestión tenían el protocolo completo.

En ese entonces el caso de los tráileres evidenció una crisis forense misma que tampoco ha logrado resolverse pese al reiterado insistir de las autoridades de que no existe esa problemática, pero esto se refleja en la tardanza en la entrega de cuerpos, de entrega de dictámenes genéticos y demás problemáticas.

“Tienen demasiado desagüe en dictámenes periciales de genética que a la gente no le dan resultados, ahí la traen a vuelta y vuelta durando hasta un año para entregar los cuerpos que ya han ido a identificar las familias y creo que eso no es otra cosa más que una llamarada de petate para justificar algo más el Gobierno del estado”, expresó el ex director del IJCF.

SIETE AÑOS EN EL SEMEFO

Verónica Olivares es hermana de Jesús Alberto Olivares Rodríguez cuyo cuerpo podría ser uno de los que deambuló por la ciudad en los tráileres. El desapareció el 10 de octubre del 2017 y ahí empezó el calvario para su familia, sin embargo su cuerpo ingresó al Semefo nueve días después del reporte de su desaparición pero sus familiares fueron notificados de su localiza­ción apenas el 22 de enero del 2024, es decir siete años después. En diciembre de 2018 fue inhumado en el Panteón Guadalajara en donde se construyeron gavetas para los cuerpos de las cajas frigoríficas.

“Estamos hablando que pasaron años de todos modos para poder decirme que estaba ahí. Que ahí ya habían localizado a mi hermano. Fue muy doloroso porque ahora sí que fueron muchas emociones encontradas. Entre enojo porque pudieron haber evitado muchísimo sufrimiento para toda la familia.

Después de todos esos años de bús­queda Verónica puede decir que no hay organización en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses porque de ser así con las confrontas podrían entregarse los cuerpos de manera rápida, esperar incluso años la entrega de un cuerpo. Ahora ha abandonado la posibilidad de exigir justicia porque ya fue amenazada y golpeada. Actualmente tiene un Pulso de Vida.

NO HAY VOLUNTAD

Héctor Flores fundador del colectivo Luz de Esperanza, señaló que el tema de la cri­sis forense vienes desde hace dos administraciones.

“Se complicó obvio más con todo el trabajo que estamos haciendo las fami­lias, los colectivos de encontrar a nuestras personas desaparecidas y no tienen abasto, no tienen abasto, no tienen tecnología no tienen presupuesto no tienen personal”. Eso aunado a la falta de voluntad para resolver la crisis

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­Antonio Cabezas Hernández, de 59 años, falleció el 29 de septiembre de 2017 mismo que estaba identificado sin embargo el 27 de agosto de 2019 su hermana lo identificó y se le notificó que era uno de los cuerpos de los traileres.

­Jesús Alberto Olivares Rodríguez desapareció el 10 de octubre de 2017 y fue localizado su cuerpo 9 días después; en diciembre de 2018 durante la crisis forense de los tráileres de la muerte, fue inhumado en diciembre de 2018 en el panteón Guadalajara. Fue hasta el 22 de enero cuando su familia se enteró que permane­ció en resguardo de las autoridades esos 6 años. El 9 de septiembre de 2017 un hombre de oficio lavacoches fue arrollado y dos días después murió en el hospital civil, su madre comenzó su búsqueda y hasta el 27 de noviembre de 2018 se enteró que su hijo estaba en el Semefo. Javier Ángel Jara Navarro fue privado de la libertad el 14 de mayo de 2019 en Tlajomulco; fue hasta el 4 de septiembre de 2021 cuando su cuerpo incompleto fue entregado a sus familiares. Miguel Ángel Ochoa fue privado de la libertad en junio de 2019, dos días después fue localizado muerto, pero después de 20 meses, en febrero de 2021 fue entregado a sus familiares.

­María Guadalupe Alcalá Macías, de 16 años, desapareció el 24 de marzo de 2016, encontraron su cuerpo el 26 de septiembre de ese año y lo entregaron a su madre el 18 de julio de este año tras ocho años de búsqueda.

­Alan Ismael Pedroza Ovalle desapareció el 9 de junio de 2022 y fue localizado el 15 de noviembre de ese año en una fosa clandestina. Karey Franco fue privada de la libertad por sujetos armados el 24 de marzo de 2020 y sus restos fueron encontrados en 2022.

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