Las Asociaciones Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y Mexicana de Energía Solar (Asolmex) denunciaron que la más reciente reforma eléctrica y las leyes secundarias que vengan en la materia serán expropiatorias, aunque se diga en el discurso que no atenta a los privados e impulsa la generación de energía eléctrica con fuentes renovables.
Señalaron que el diputado presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, afirma que “pase lo que pase”, las energías renovables seguirán creciendo en el país, incluida la energía producida con el sol o el viento.
“Lamentablemente, la propuesta enviada al Congreso por el presidente (Andrés Manuel) López Obrador contradice la declaración del legislador de que se garantiza la continuidad de operación de los proyectos privados existentes”, manifestó Julio Valle, vocero de Amdee y Asolmex.
Señaló que más del 99 por ciento de la generación eólica y solar en el país proviene de la inversión privada, mientras que los planes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que la reforma eléctrica enviada el pasado 1 de octubre entrega todo el control del mercado eléctrico nacional y le adscribe el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que operaba la industria eléctrica, no cuenta con ningún proyecto nuevo en energías renovables ni se menciona en la reforma.
Por ello enfatizó que toda la nueva capacidad renovable tendría que ser privada, por lo que aun con leyes secundarias se seguiría “inevitablemente” el modelo que se busca consagrar en la constitución con esta reforma, “por lo que resulta desconcertante la noción de que ésta de alguna manera pudiera matizar el enfoque” mencionado por el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
“La propuesta del gobierno establece explícitamente que ‘el mismo día de la entrada en vigor […] los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad del sector privado, se cancelan’. Aunque afirma que ‘las plantas existentes podrán seguir generando electricidad’, espera que puedan hacerlo teniendo a la CFE como único cliente posible. Además, la empresa del Estado llegaría a determinar las ‘modalidades de contrato’, estaría ‘a cargo de los procedimientos para despachar’ y llegaría a determinar ‘las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como las tarifas para los usuarios finales’”, apuntó.
Julio Valle también estimó que aunque se hagan ajustes al proyecto de reforma constitucional enviada por el presidente de México, “eliminando, por ejemplo, la cancelación explícita de permisos”, “sus efectos generales seguirían siendo expropiatorios”.
Aseveró que lo anterior expondría a México a litigios, incluido el arbitraje internacional, destruiría las posibilidades de la operación continua de las plantas renovables en el país, y el desarrollo de nuevos proyectos, cancelando “de facto” la transición energética de México.
De acuerdo con la más reciente versión del Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, el Gobierno de México aplazó su meta de generar 35 por ciento de la electricidad que se consume en todos los hogares mexicanos con energías renovables hasta 2030.
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Este nuevo objetivo representa un retraso de seis años en las metas de energías renovables, que fueron establecidas en diciembre de 2015 en la Ley de Transición Energética, así como en el compromiso que suscribió México en la Conferencia de las Partes (COP 21) que se realizó en París ese mismo año, donde la meta era la misma, pero debía cumplirse en 2024.
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