Expertos e investigadores concluyen que el gobierno federal ya abandonó la lucha contra las desapariciones, un delito que ante su conexión al crimen organizado, la autoridad ha optado por silenciar y borrar cualquier intento por la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas.
Ellos participaron en la sección conocida como FIL Pensamiento dentro de la Feria Internacional del Libro, donde destacaron las evidencias de que algunas autoridades han optado por pactar con grupos criminales, bloquear investigaciones y contribuir con la impunidad.
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) organiza este foro donde la doctora en Antropología y Coordinadora del proyecto de investigación “Infancias amputadas, adolescencias en riesgo, niñez y violencia crónica en el noreste del país”.
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Séverine Durin, resaltó la negligencia de los agentes del Estado en la desaparición forzada y la red que se ha extendido de corrupción desgranada, donde aparecen desde los políticos de alto nivel que designan a integrantes de su gobierno, jefes policiacos y policías que, simultáneamente, omiten sus vínculos con los grupos criminales.
Ella como el resto de los participantes coincidieron en que el Estado mexicano se desmarca de su responsabilidad de brindar protección y justicia al responsabilizar a “individuos malignos” como los responsables de las crisis de seguridad y las desapariciones sin sospechar de cualquier intervención de los funcionarios públicos.
“Los policías y los jueces son quienes bloquean la investigación de estos delitos; por eso se creó el Sistema Nacional de Búsqueda, porque no se investiga, porque el trabajo no se hace”, aseguró Durin.
Por otro lado, el investigador, especialista en derecho penal internacional, justicia transicional y derechos humanos, Jacobo Dayán, enfatizó en la falta de voluntad del Estado por localizar a más de 107 mil personas desaparecidas y no localizadas, ineficacia reflejada con apenas 35 sentencias por el delito de desaparición y sentenció: “El Estado mexicano ya abdicó de su obligación de garantizar la seguridad pública, como lo hicieron el PRI, el PAN y ahora Morena”.
El fenómeno de la desaparición forzada -dijo- se replica bajo la lógica de los vínculos político-criminales y la lógica del mercado criminal, que busca agua, madera, combustible, trata de personas o droga, según las regiones. “Este problema es una deuda de Estados, no de gobierno, de gobernadoras y gobernadores y del presidente de la república: si no exigimos todo, seguiremos teniendo exactamente lo mismo: la desaparición como un crimen perfecto para gestionar las violencias de este país y, de esta manera, controlar mercados lícitos e ilícitos”, declaró Dayán.
La Coordinadora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México, Laura Atuesta, explicó el trabajo realizado en la primera base de datos sobre personas desaparecidas filtrada a la prensa durante el gobierno de Felipe Calderón. Se trataba de un Registro nacional de personas desaparecidas del que no se sabía hasta el momento: “Contenía descripciones de cómo desaparecieron a las personas, pero no sabíamos mucho y tratamos de analizar la información hasta identificar las causas en 600 registros relacionados con el crimen organizado”, explicó.
Cuatro causas de la desaparición forzada se han detectado y clasificado: El modus operandi relacionado con el crimen organizado; la intervención de autoridades o personas que usaban uniformes policiacos; las desapariciones en carreteras de Tamaulipas, y las desapariciones en la frontera norte.
El antropólogo de El Colegio de Michoacán, Salvador Maldonado, especializado en temas de violencia, drogas y territorios ingobernables, así como ciudadanía, partidos políticos y gobernabilidad, acotó que la cifra de personas desaparecidas anula el significado de las desapariciones para los colectivos de búsqueda: “Porque significan procesos de acceso a justicia y para los colectivos la importancia que conlleva la búsqueda de cuerpos de las personas”, detalló.
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El fundador de Lantia Consultores y exasesor del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eduardo Guerrero Gutiérrez, resaltó el cambio en la lógica de operación criminal: lo que comenzó con la exhibición de cuerpos en las principales avenidas de las ciudades se modificó hasta el ocultamiento de los cuerpos.
Respecto al evidente crecimiento de casos, el investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera, atribuyó el incremento del problema a la transición democrática que modificó los pactos entre políticos y grupos criminales: “El empeoramiento coincidió con la transición de la democracia, donde los jugadores en este campo criminal, desde lo estatal y criminal, hicieron cambios en el pacto”, añadió.
“El Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha revertido o descentralizado este proceso y no se ve que lo haya logrado porque sigue la gobernanza fragmentada”, terminó.
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