Dr. Jorge Chaires Zaragoza*
Existe un debate en la doctrina constitucional respecto a la decisión de optar entre los votos que se emiten en el congreso o los argumentos jurídicos de los tribunales. El debate no es un asunto menor, ya que se está decidiendo entre la decisión de las mayorías, que no siempre es la mejor y la razonabilidad jurídica, que no siempre es compartida por todos.
El trasfondo del debate tiene que ver con el control que históricamente ha ejercido el poder ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial, pero también con el descredito de los parlamentos y los jueces.
Las votaciones en los congresos, como se sabe, responden a una lógica de la lealtad partidista, en donde los legisladores regularmente votan en bloque, a pesar de no estar de acuerdo. Basta con que el líder del partido marque la línea para que los legisladores de su partido levanten la mano, de lo contrario su carrera política se pone en riesgo.
La labor de los jueces en México tampoco goza de buena aceptación, en un país en donde el índice de impunidad ronda el 98%. Además de que la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia por parte del senado de la República a propuesta del presidente de la República, genera mucha desconfianza, por el compromiso que indudablemente siente la persona elegida de pagar su deuda, desempeñando su cargo de forma condescendiente.
Los legisladores no acostumbran a explicar o justificar sus votos, basta con repetir los argumentos del líder del partido. Los jueces, por su parte, si bien deben fundamentar y argumentar sus resoluciones, el margen de interpretación que la misma Constitución les permite, ha conducido a resoluciones diametralmente discordantes entre los mismos ministros.
Sin embargo, la democracia nos permite cambiar en las próximas elecciones a los legisladores que consideramos que en lugar de representar a los ciudadanos ha defendido los intereses del partido o del líder, pero los ciudadanos no podemos cambiar a los ministros. La duración de 15 años de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su cargo, nos esclaviza a los criterios de un juez que responde a los intereses de un partido o una persona.
Como se sabe, este mecanismo de nombramientos de los jueces del máximo tribunal, en donde interviene el senado y el presidente de la República, viene de los Estados Unidos, en donde ha generado crisis jurídicas y políticas muy fuertes, entre conservadores y liberales, pero que finalmente han podido sortear a través de los mecanismos democráticos. La pregunta es si nosotros tendremos la capacidad de sortear los problemas que se avecinan de manera democrática.
Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCSH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.