Sabemos que las leyes existen para regular la conducta humana dentro de una sociedad, para lograr una mejor convivencia entre los individuos. Estas tienen que corresponder con la actualidad de la vida social, es decir reglas escritas años atrás como las correspondientes a derechos y libertades (ej. el uso del cannabis o la interrupción libre del embarazo) que antes eran penalizados (jurídicamente) y señalados (moralmente), pero que hoy no convive plenamente con nuestra vida.
Lo mismo pasa con problemáticas inexistentes en el pasado, pero que en el contexto actual no se pueden pasar por alto ni mirar hacia otro lado. Una muestra de ello es la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición que recién aprobamos en el Congreso del estado de Jalisco. Evidentemente esta ley (como todas) no corta de tajo el lacerante problema de las personas desaparecidas, pero abona en la certeza jurídica para sus familiares y dota de herramientas para el acompañamiento de la búsqueda de las y los ausentes tales como: La declaración de ausencia se podrá realizar aunque no exista una denuncia por desaparición ante la Fiscalía del Estado de Jalisco; la reducción de tres meses a 30 días en los tiempos legales para poder solicitar la declaración de ausencia; la gratuidad de todos los trámites que estén implicados en este proceso de juicio civil, principalmente en el pago de los edictos que un juez civil solicita publicar en medios de difusión masiva para probar que la persona está ausente; el pago por seis meses posterior a la desaparición en el caso de aquellas personas que se estuvieran desempeñando como funcionarios públicos al momento de ser víctimas de este delito, entre otros.
Este es un logro en materia legislativa, pues acompañado de la sociedad civil organizada, colectivos y las familias de las y los desaparecidos en nuestro estado, abonamos para coadyuvar en su búsqueda y a brindar una resolución más pronta y expedita. Sé que falta mucho por recorrer para minimizar el dolor de familiares, cónyuges, amistades y seres queridos de las personas desaparecidas y el camino es sombrío y extenso, pero tendrá que ser en el sentido de la unidad de la sociedad y gobierno.
Debemos seguir en la ruta de realizar un cuerpo jurídico y legislativo útil para que Jalisco deje de ser la segunda entidad con el mayor número de personas desaparecidas con más de 11,500 según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNL). No daremos ni un paso atrás en la lucha en contra de uno de los problemas más grandes de nuestro estado.
