El Gobernador del estado Enrique Alfaro defiende cada mes las cifras de seguridad en Jalisco, basado siempre en las métricas que se publican el sistema nacional de seguridad, el ejecutivo estatal intenta con su narrativa convencer que la estrategia para inhibir delitos ha sido adecuada y eficiente. En el mismo informe “presume” las detenciones y operativos, pero ignora lo que el ciudadano común denuncia como amenazas, delitos patrimoniales y otros del fuero común que guardan el sueño de los justos en su mayoría en el archivo.

Existe un caso, por ejemplo, donde una persona fue declarada como desaparecida, había sido “levantada” y posteriormente su cuerpo encontrado desmembrado; la Fiscalia del estado contactó a los familiares para la identificación del cuerpo y trámites que ayudaran a la investigación del caso; el proceso jurídico presuntamente había terminado, pero han pasado 5 meses y el cuerpo permanece en el SEMEFO sin que nadie pueda responder a la entrega del mismo, porque simplemente quienes han acudido al reclamo o son ignorados o victimizados. Y en Fiscalia no declaran, no resuelven.

Amenazas que se denuncian en sus escritorios, advertencias que terminan en lesiones, atentados u homicidios, pocas “caminan” otras más dejan de ser ratificadas simplemente porque no hay garantías de que efectivamente estén tomadas en cuenta para darles seguimiento.

En Jalisco existen organismos que aparentemente ofrecen seguridad, cuyos titulares tienen extensa experiencia, o al menos venden esa idea, pero terminan por ser insensibles ante lo que una mayoría padece y requiere. El Gobernador en eso, parece no estar del todo informado, y mientras la defensa pareciera en contra de medios de comunicación y voces que advierte la urgente necesidad de atender, el tiempo se invierte en la estrategia de convencer bajo el análisis de desmentir como deporte y no como acción necesaria.

Las cifras son bajas si, porque también al ciudadano víctima de la delincuencia no le inspira acudir a denunciar, en pasadas administraciones, la fiscalía tenia una especie de unidades móviles que acudían al contacto ciudadano y a recabar esas incidencias que también por imagen, se convertían en una cercanía en momentos donde la confianza en las instituciones era una posibilidad de acercar la justicia. Hoy esos proyectos se quedaron en historia, en algo que no “vende” ni “convence”.

Espero que el próximo fiscal si advierta de verdad una política de apertura, de autocrítica y de valores para con la ciudadanía, que n la medida de lo posible haga respetar a la institución y sus valores para restituir el estado de derecho y la acción de la justicia.

De entrada, la atención, seguimiento de casos y el interés por realmente trabajar ahí está muy lejos de las declaraciones que se exhiben y se presumen.