Dr. Jorge Chaires Zaragoza
Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCSH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores
@jorgechaires
jchairesz@hotmail.com
Desde que comenzó el gobierno de López Obrador en 2018, algunas voces advirtieron del riesgo de que su gobierno pudiera tomar el mismo camino que Venezuela. Los seguidores de López Obrador desacreditaron dichas opiniones diciendo que se estaba exagerando, que no había ningún sustento para sostener estos argumentos, que eran los conservadores que se negaban a perder sus privilegios, que se pretendía infundir temor en la sociedad y que solo buscaban desacreditar su gobierno.
A poco tiempo de que Hugo Chávez llegara a la presidencia de la República de Venezuela, un abogado constitucionalista impartió una conferencia en la Universidad de Guadalajara sobre la gestión de Hugo Chávez. El abogado expresó su preocupación por las reformas constitucionales que se estaban proponiendo. Advirtió que Chávez pretendía controlar a los otros dos poderes del Estado, así como el órgano encargado de organizar las elecciones, con lo cual, afirmaba, se ponía en riesgo la democracia en su país. Incluso, no descartó que en un futuro se modificara la constitución para que se pudiera perpetuar en el poder; lo que, en efecto, hizo.
A cuarenta días de concluir el gobierno de López Obrador estamos viendo claras señales de que estamos siguiendo los mismos pasos de Venezuela.
En la pasada elección se logró contar con una mayoría absoluta por medio de una elección de Estado, inequitativa y plagada de irregularidades. Con una evidente intervención de López Obrador, con la compra de votos y con un excesivo gasto irregular de campaña de sus candidatos.
Teniendo López Obrador el control de INE y El tribunal Electoral Federal pretende otorgarle una sobrerrepresentación a MORENA y sus aliados, que no corresponde con el espíritu de la constitución; ello les permitirá hacer todas las reformas que quieran. Con la mayoría calificada en el congreso de la Unión y la mayoría de los estados de la República gobernados por MORENA, cualquier reforma constitucional contará con la legalidad necesaria para ser defendida, por muy absurda que sea, como el permitir que López Obrador vuelva a ser presidente de la República o quitarles las concesiones a las empresas privadas violando los tratados internacionales.
Quiere controlar al poder judicial porque es el único contrapeso que le quedaría. Se pretende elegir a los jueces por medio del voto popular, sin presentar ninguna evidencia de que se tendrían mejores jueces, se acabaría con la corrupción o se mejoraría la impartición de justicia. Con un poder judicial sometido, los ciudadanos perdemos el último bastión que tenemos para defender nuestros derechos fundamentales vía juicio de amparo.
Se pretende eliminar a los organismos constitucionalmente autónomos que, como se sabe, se crearon para establecer mayores contrapesos al poder político. López Obrador justifica su desaparición porque según él son muy costosos y corruptos sin presentar ninguna prueba.
Las actitudes autoritarias de López Obrador han sido evidentes durante todo su gobierno, desde militarizar la seguridad pública; cancelar proyectos con el simple argumento de que se habían detectados actos de corrupción, pero sin haberlo demostrado; aprobar obras sin contar con los dictámenes de viabilidad; recortar recursos a los estados de oposición con el argumento de que se lo van a robar; atacar en sus conferencias mañaneras a todos aquellos que hablaron mal de él; desacatar las órdenes de los jueces para suspender obras irregulares; decretar que la información de las obras del Tren Maya o la refinería Dos Bocas se clasifique como reservada, entre otras muchas actitudes autoritarias. ¿Qué sigue?
