De los tres poderes de la unión, el poder menos vinculado con el pueblo es el Poder Judicial. Necesitamos que quienes procuran e imparten justicia sean ciudadanos técnicos debidamente preparados y con experiencia, probos, éticos y humanistas cuyo único compromiso sea garantizar la justicia pronta y expedita a la ciudadanía. Es por eso que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, un visionario y gran estadista sensible a las necesidades de su pueblo, impulsa la Reforma al Poder Judicial.
De todos son conocidos los exagerados salarios de quiénes están en la cúspide del sistema judicial y las indignantes violaciones a los derechos y la nada equitativa remuneración salarial que perciben los empleados del poder judicial que mantienen activa la institución impartidora de justicia.
Por lo tanto, es importante destacar que la reforma plantea disminuir tres aspectos básicos: 1) el número de ministros y ministras de la SCJN de 11 actualmente a 9, 2) la duración en su encargo de 15 a 12 años, y 3) Salario de 206, 948 pesos a menos de 129, 432.
Asimismo, a fin de hacer más efectiva la labor de los integrantes del poder judicial de alto nivel, se propone eliminar las dos salas existentes y, en su lugar, establecer sesiones plenarias públicas, no secretas ni discrecionales y la aprobación de sentencias con la necesidad de 6 votos mínimo. Esto iría acompañado de la creación de dos nuevos órganos: 1) transformar el Consejo de la Judicatura Federal para que administre un sistema que abarque este ámbito y la Escuela de formación Judicial, el Instituto Federal de la Defensoría Pública; y, 2) un Tribunal de Disciplina Judicial. Al mismo tiempo se abre la posibilidad de que cualquier ciudadano o autoridad pueda presentar denuncias contras los ministros, magistrados, jueces y personal del Poder Judicial en general.
Con ello se pretende que se resuelvan las controversias en un plazo no mayor a 6 meses, y el Tribunal de Disciplina se encargará de revisar y sancionar, en su defecto, los casos en los que se haya demorado la ejecución de una sanción, con la finalidad de garantizar la justicia pronta y expedita.
Es por todos sabido que la reforma pretende eliminar la designación de los ministros por parte del presidente y, en su lugar, que sea el pueblo de México a través del voto popular, libre, secreto y democrático, a propuesta del Ejecutivo, el Congreso de la Unión y del Poder judicial. Este mecanismo abre la participación del pueblo en todos los ámbitos del poder en México como lo establece el art. 39 de la CPEUM y otorga legitimidad a cada cargo.
La reforma pretende ser aplicada a nivel federal y replicada en el nivel estatal para garantizar la independencia de los tribunales. La discusión debe estar orientada a perseguir los objetivos de más y mejor democratización de las instituciones sin descuidar la activa participación del pueblo de México, por un Poder Judicial que responda únicamente a garantizar que la justicia esté al alcance de todas y todos.
Karla Díaz
Regidora de Zapopan
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