Es injusto un culpable en la calle, pero más injusto un inocente en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros conocemos casos de personas que injustamente están tras las rejas? En la mayoría de los casos pensamos que estaban en el lugar o momento “equivocado”, pero la realidad es profunda, abrumadora, ruin; con el tiempo nos dimos cuenta de que fueron detenidos por que no supieron o pudieron defenderse. Todo obedece a las fallas sistémicas en la impartición de justicia, de todo ese andamiaje de leyes, formación y educación de abogados, de las autoridades procuradoras de justicia y jueces que coexisten en vicios e intereses que dejan a la deriva a quienes menos tienen. En el 2011 se hizo famoso el documental “Presunto Culpable”, respecto a la historia de Toño Zúñiga un joven tianguista de Iztapalapa de 26 años cuya vida le cambia para siempre cuando una patrulla de la policía de la Ciudad de México lo arresta injustamente. El filme exhibe los vicios, complicidades, indolencia y corrupción de todo el sistema de justicia quienes, de manera irónica, a través de amparo buscaron impedir la exhibición de la película con el afán de no evidenciar los abusos en el juicio.
El sistema neoliberal implantado por los conservadores produjo profundas desigualdades entre los mexicanos, no solo es quién tiene mayores y mejores posibilidades para acceder a la educación o salud, hoy el poder judicial es selecto y decide a quien, si se le cobran o perdonan los impuestos, quién si es absuelto o condenado por los delitos que le imputan, etcétera. Todos hablan y dicen que nuestro sistema es presidencialista, otros que es parlamentarista, pero otros aseguramos que estamos en manos de un sistema judicialista dónde impera la Suprema Corte con interpretaciones de lo que creen que dice la ley para implantar criterios que beneficien a los amigos o conocidos.
Estamos en el debate de la reforma al poder judicial y no hay una sola voz que se oponga a ella, se concentran en ridiculizarla para detener su trámite porque no les conviene. A diferencia de los neoliberales, la Cuarta Transformación no pretende el control o sometimiento del poder judicial, eso es lo que no entienden y seguirán sin entender, las cosas no pueden seguir igual, los excesos y abusos han llegado al límite, los ciudadanos están hartos y lo han manifestado en las urnas. Queremos justicia, que sea rápida, sin obstáculos, ni distinciones, como decía Don José María Teclo Morelos Pérez y Pavón “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”.
La reforma estructural al poder judicial se procesaría en etapas, para el caso la senadora Beatriz Paredes Rangel se pronunció al respecto, no se puede pensar en una reforma que atañe únicamente a la estructura federal, sino también de aquella que impacte en los estados federados ya que el problema tiene su origen en los tribunales locales. De esta manera se ha propuesto que se reduzca el número de ministras y ministros de la Suprema Corte, de once pasarían a nueve integrantes, quienes durarán doce años en su cargo y no quince como actualmente lo hacen. Se les quitarían las pensiones y bonos de retiro millonarios, en su lugar recibirán una iguala la de cualquier trabajador o servidor público, y el salario ya no será mayor al que perciba el presidente de la república. Les genera conflicto que los jueces también sean electos por el voto de los ciudadanos, sin embargo, para ello habrá controles y filtros, no podrá concursar cualquier persona, lo que no les dicen es que los poderes de la unión propondrán los perfiles para ser electos por los ciudadanos.
Lo que Morena y sus aliados hacen desde el gobierno no son tendencias o modas para el poder judicial, es lo que debió hacer cualquier gobernante y que la Carta Magna tutela, impartir justicia.
