Hace no mucho, fuimos testigos de uno de los momentos donde la cuerda que une a la Universidad de Guadalajara con el Gobierno del estado de Jalisco se tensó demasiado. Durante meses, la comunidad universitaria salimos a marchar por defensa de la autonomía universitaria y para exigir un presupuesto justo. No pedimos más de lo que la universidad ofrece a las y los jaliscienses: educación pública de calidad, ciencia, tecnología y extensión a través de una red para que un joven tanto de la costa, del sur, de la zona norte, sepa que la universidad también está a su alcance.
La Universidad de Guadalajara ha formado a profesores y estudiantes que “piensan y trabajan” más allá de los muros universitarios porque somos conscientes de que criticar el ejercicio del poder es indispensable para que el Estado avance hacia buen puerto. En medio de tantas crisis y de injusticias que le duelen a Jalisco nos movilizamos; eso no fue del agrado de un gobernador autoritario como lo es Enrique Alfaro, el mismo que manejó el presupuesto del estado de Jalisco como su propiedad, golpeando a la universidad en su autonomía.
La autonomía para las universidades públicas es indispensable para cumplir con la función de formar profesionistas éticos y generar conocimiento. En México muy pocas universidades pueden gozar realmente de autonomía pues no existen decretos que garanticen lo que en teoría debería de ser. En el caso de la UdeG, el presupuesto se ha determinado, en la mayoría de los casos, en función del ánimo del gobernante, dejando sin sentido los planes de desarrollo para la educación superior de Jalisco. Frente a oídos sordos de funcionarios, la universidad tuvo que salir a gritar y luchar en la calle para defender su autonomía. ¿Fuimos escuchados?
Sorprende que Alfaro, el gobernador de Jalisco que más ha lastimado a la comunidad universitaria de manera presupuestal, política e incluso jurídica (soy testigo de primera mano de su persecusión), hoy trate de redimirse a través de una propuesta para reformar el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco con el fin de que la UdeG tenga garantizado un presupuesto constitucional. Esta modificación blindaría a la universidad del ánimo del gobernador en turno, ya no podrían condicionar el presupuesto.
Esto, claro está, no es producto de la buena voluntad de Alfaro, es porque entrando en época electoral trata de recuperar simpatías con una comunidad que le guarda rechazo a él y a su partido. Nadie da paso sin huarache y sabe que de mantener tensionada la cuerda con la universidad, otra opción política podría capitalizar esa representación en las elecciones inmediatas. Sin embargo, la regla es simple, para tener un mejor estado hay que generar condiciones de bienestar y la educación es la única vía. Cuando se apruebe esta iniciativa será la mejor noticia para la juventud de Jalisco en los últimos 100 años.
El triunfo no es de quien primero firme, sino de la lucha de miles de universitarios, de las cientos de veces que tomamos las calles, de los activistas que alzaron la voz en espacios de toma de decisión como el congreso, de los periodistas que no guardaron silencio, en suma es una conquista del pueblo, no de la benevolencia de la clase política.
Por último, solo agregar que al margen de su aprobación, el hecho de plantear esta iniciativa pone a discusión el papel de las universidades públicas a nivel nacional. De alcanzarse, Jalisco sería la primera pieza del movimiento que fortalecería la educación; tema urgente en medio de cifras de bajo rendimiento escolar de nuestros niños y niñas en la prueba PISA. Por el bien del estado, primero los jóvenes y su educación.
