Más que un capricho

La reforma al poder judicial ha levantado muchas ámpulas, pero a López Obrador parece no importarle. Está decidido en cambiar a todos los jueces del país, sin importarle las consecuencias. No ha sido suficiente las opiniones de los juristas nacionales e internacionales expertos en materia constitucional que se han pronunciado en contra de la reforma, afirmando que la elección de los jueces por voto popular representa un retroceso a la democracia. Desdeña la advertencia del sector empresarial sobre los riesgos a la economía. Se burla de las opiniones de los Estados Unidos y Canadá, los mayores socios comerciales que tiene México. En definitiva, le tiene sin cuidado las consecuencias que pueda acarrear el elegir a los jueces por el voto popular.

Creer que se trata de una reforma que mejoraría el sistema de administración e impartición de justicia es simplemente ingenuo. López Obrador ya no necesita reformar la Constitución para elegir a nuevos ministros de la Suprema Corte y, mucho menos, a todos los jueces del país para que se aprueben sus propuestas, en particular, prohibir que la iniciativa privada nacional e internacional participe en el sector petrolero y energético. Ya tiene la mayoría calificada en el H. Congreso de la Unión para hacer los cambios necesarios. Además, con los nuevos ministros que nombre Claudia Sheinbaum se contará con los votos necesarios para que no se declare inconstitucional ninguna de las iniciativas de López Obrador (quien será quien gobierne).

La tozudez del presidente va más allá. ¿Se trata de un simple y burdo capricho o el plan es más maquiavélico? ¿Se quiere vengar de los jueces y ministros que no aprobaron algunas de sus iniciativas de reformas?

Al remover a todos los jueces del país, López Obrador se asegura, por un lado, un aro de impunidad en contra cualquier intento de procesarlo a él, a sus familiares y cualquiera persona que milite en MORENA y sus aliados. Pero también, se libera de su único contrapeso para impulsar la contrarreforma energética.

López Obrador, desde que llegó a la presidencia, anunció que estaba en contra de las reformas constitucionales que hicieron Felipe Calderón y Peña Nieto para permitir que las empresas privadas nacionales e internacionales participen en PEMEX y en la generación de energía. Ha dicho en varias ocasiones que añora los tiempos de la economía estatizada, por lo que presentó en el 2021 una iniciativa para modificar la Ley de la industria Eléctrica para que el Estado retomara el control del sector energético y restringir la participación de la iniciativa privada.

La iniciativa fue aprobada por los diputados y senadores, pero rechazada por la Suprema Corte de Justicia a principios de 2024, con el argumento de que “vulnera los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable de la industria, previstos en la Constitución desde 2013, por lo que la iniciativa, en estricto sentido, violaba la constitución.

El presidente está empeñado en que el Estado “retome” (si es que lo ha perdido) el control del sector petrolero y energético, ya estamos viendo, sin medir las consecuencias. El próximo año habrá un nuevo nombramiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual tendrá los ministros y ministras suficientes para que las reformas a la ley no se declaren como inconstitucionales (se necesita contar con 8 votos). Entonces, por qué empeñarse en cambiar a todos los jueces. Porque sabe que de quitarle las concesiones a las empresas privadas llenaría de amparos a los tribunales, quienes muy probablemente los concederían.

López Obrador necesita contar con un poder judicial a modo para que no procedan los amparos y así argumentar que el quitar las concesiones son legales porque los jueces las aprobaron. Lo que dejaría a las empresas privadas en completo estado de indefensión.