El pasado 15 de diciembre culminó un proceso que durante algunas semanas llevamos a cabo en el Congreso local. La elección de nueve magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y de un consejero de la Judicatura. Fue un proceso que atendimos cuidadosamente, en el que buscamos que las propuestas finales fueran las y los mejores preparados, aquellas personas que, por su desempeño y trayectoria, así como por sus conocimientos, se convirtieran en candidatos totalmente elegibles.

Así, el proceso fue conformado por cuatro etapas: un examen a través del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) que sin duda fue esencial para determinar los conocimientos que los aspirantes tienen sobre la aplicación de las leyes, un examen que dotó de certeza el proceso pues fue realizado por una institución con prestigio nacional. Otra fase de dicho procedimiento, fue la prueba de control y confianza, una evaluación que nos permitió conocer la viabilidad de las conductas de quienes aspiraron a estos cargos e identificar la estabilidad o riesgos frente a situaciones que se presenten.

Desde el inicio del proceso se integró al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, este ente fue parte en la elaboración de las convocatorias, y posteriormente, en la tercera etapa, fue el encargado de evaluar curricularmente a las y los candidatos, de revisar la declaración de intereses y valorar los planes de trabajo presentados, los cuales debían contener progresividad en el tema de los Derechos Humanos. La última etapa consistió en una entrevista individual ante la Comisión que presido (Seguridad y Justicia) en las que destacaron propuestas de transformación, transparencia en las sesiones y la digitalización de los procesos dentro del Poder Judicial.

Y es que, la opacidad que ostenta el Poder Judicial en el país, así como en las entidades federativas, para nadie es un secreto. Por lo que estoy convencido de que los procesos importan y, en esta ocasión, logramos el objetivo en conjunto: el Poder Legislativo, el Comité de Participación Social, así como el apoyo del Ceneval, obtuvimos un procedimiento sin judicializaciones, una elección confiable, en la que quienes resultaron electas y electos cuentan con un respaldo en las evaluaciones que aseguran que podrán desempeñar las tareas que les serán encargadas. Además, por primera vez, la conformación del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro estado está cerca de alcanzar la paridad de género, por primera vez cinco de las nueve plazas vacantes fueron asignadas para elegir mujeres, con lo que se alcanzará un total de once magistradas impartiendo justicia.

* Diputado local