La concesión del servicio de limpia en el Area Metropolitana de Guadalajara ha derivado de tal forma que se ha convertido en una madeja que parece difícil de desenredar. Pero no por cuestiones legales o administrativas, sino por situaciones de hecho que se dejaron venir por no haber tomado a tiempo las medidas de prevención necesarias.
Parecería que todo fue planeado para que al término del contrato y de las administraciones municipales no hubiera las condiciones necesarias para hacer la transición. O sea el cambio de un servicio concesionado a otro impartido directamente por los gobiernos municipales.
Tanto es así que pese a que la recolección de basura anda literal y efectivamente por los suelos, la compañía concesionaria ha solicitado una “prorroguita” nada menos que ¡de 15 años!, para seguir trabajando mientras se toma una decisión, lo cual ha sorprendido de manera impactante a quienes se encuentran al tanto de los acontecimientos.
La gente común ha externado su extrañeza ante el planteamiento hecho, sobre todo porque los concesionarios, lejos de regularizar la recolección de desperdicios, la han mantenido en las mismas condiciones de insuficiencia.
Eso por una parte, ya que por la otra y viendo hacia la substitución del servicio concesionado, por otro a cargo de los ayuntamientos, se ha estado ventilando lo referente a la situación de los trabajadores de limpia, contratados por la empresa concesionaria, que quedarían sin empleo a la hora de terminar el contrato.
En lo absoluto constituye un misterio de quién es la responsabilidad laboral de los trabajadores que fueron contratados por una empresa privada, pero de todas formas, se ha abierto la posibilidad de que sean las autoridades municipales quienes se hagan cargo de ese ejército de empleados.
O sea, que se haga algo así como un Fobaproa chiquito, para que el gobierno absuerba las responsabilidades de un particular. Algo similar, pero en menor escala, que lo que se hizo con la deuda bancaria, al crearse el inolvidable Fondo Bancario de Protección al Ahorro, en que el Régimen Federal dio tremendo “canillazo” a los banqueros.
El panorama que se presenta no es pues tan halagüeño como se quisiera, dadas las circunstancias que se presentan y la manera en que se podrían manejar.
Se espera pues que por lo tanto, las autoridades por una parte y la empresaria concesionaria por la otra, actúen de manera justa e inteligencia para que ninguna resulte afectada. Y que cuando menos en esta ocasión triunfe el interés público, que como se entiende, es el de los ciudadanos.
Que no se dañe a la compañía recolectora, pero que no se afecten los recursos monetarios municipales, que no son otra cosa que el dinero del pueblo.
