Se necesitarán años para restablecer los equilibrios, se perderán varias generaciones hasta que volvamos a regresar a un país donde se vuelvan a consolidar nuestras instituciones

La venganza ha sido las características del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aunque trate de simularlo, la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) es su último acto de revancha contra un poder que se ha mantenido firme y ha sido el contrapeso de los anhelos totalitarios del titular del ejecutivo federal.

Acostumbrado a la polarización, el presidente de la república busca justificar su último acto de venganza, señalando que es necesaria una reforma profunda al sistema de justicia del país para erradicar la corrupción que impera en él. Un argumento totalmente falso, ya que la intención fundamental de esta reforma es buscar el sometimiento total del Poder Judicial al Poder Ejecutivo lo que implica un grave retroceso en el equilibrio democrático que toda nación requiere.

Todo sistema es perfectible y sujeto a mejoras, y el sistema de justicia en México no es la excepción, pero la reforma que se pretende aprobar tiene implicaciones que pondrían en riesgo a nuestro país.

La elección de jueces por voto popular es una de las propuestas más graves que se pretenden en la reforma, porque esto abre la opción a qué cualquier persona, sin las capacidades necesarias pueda impartir justicia, o bien que un individuo vinculado con organizaciones criminales pueda tener la puerta abierta a ser juez por medio del voto popular.

La elección de jueces por voto popular, alentará la corrupción, la impartición de la justicia debe estar alejada de decisiones políticas, porque la esencia del Poder Judicial no radica en el vaivén político, su fortaleza radica en la especialización y conocimiento de las leyes y reglamentos de sus miembros.

Y está reforma, vulnera está esencia, ya que busca dinamitar el tan necesario servicio civil de carrera que es fundamental en un poder como el Judicial, porque precisamente la especialización, la capacitación, el continuo conocimiento y actualización es lo que hace que los trabajadores dedicados a la impartición de justicia garanticen un mejor estado de derecho.

Pero no solo la impartición de la justicia está en riesgo, esta reforma, vendrá a debilitar a nuestro país en otros aspectos como lo es el económico. Diversos especialistas al igual que la comunidad internacional, lo han advertido, de concretarse esta reforma, se enviaría el mensaje de que, en México, el estado de derecho no está garantizado.

Y precisamente mantener intacto el estado de derecho en un país, es el principal factor que garantiza la certeza de las inversiones tanto extranjeras como internas, de aprobarse la propuesta de reforma, la fuga de inversiones y capitales sería inevitable y con ello, se estaría vulnerando la economía del país.

Esta reforma marcará el antes y después de México, su aprobación implicará que el país que conocimos ya no será lo que fue, se consolidará un régimen hegemónico y por ende, sabemos la consecuencias que se avecinan.

Se necesitarán años para restablecer los equilibrios, se perderán varias generaciones hasta que volvamos a regresar a un país donde se vuelvan a consolidar nuestras instituciones, y todo por un acto de venganza de un presidente que tendrá como único legado el haber regresado a México a al abismo del total autoritarismo.

Es tiempo de dar la batalla, tal como lo están haciendo hoy las y los trabajadores del Poder Judicial, quienes merecen todo nuestro apoyo, reconocimiento y solidaridad. La lucha por sus derechos es legítima y en estos momentos de definiciones debemos entender que su resistencia, es contra un régimen que en la búsqueda de su consolidación, está destruyendo la democracia y las libertades. Está destruyendo a México.