Todo territorio se encuentra expuesto a eventos naturales o provocados con consecuencias muchas veces en pérdida de vidas, daños a propiedades y a la infraestructura que soporta la economía y los servicios básicos de la población. El problema no radica en que si se presentarán o no ni cuando, su intensidad, duración o consecuencias, sino saber si en el lugar donde ocurra se tienen las previsiones, estrategias o planes para afrontar la contingencia.
Contar con un sistema que señale funciones desde labores de prevención de riesgos, la preparación para actuar de manera inmediata cuando ocurra un evento de estas características, la rehabilitación de servicios e infraestructura, así como, la reconstrucción en dado caso, es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, cada uno tiene sus propias responsabilidades y lo idóneo es que trabajen de manera coordinada en el momento en que se suscita un fenómeno natural como un sismo, erupción volcánica, inundación, incendio o provocados por el hombre, ya sea por acción u omisión.
Al respecto, el objeto de la Ley General de Protección Civil es establecer las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de protección civil. Incluye a los sectores privado y social, quienes participarán en el cumplimiento de los objetivos que la citada ley señala.
Recientemente nuestro estado sufrió varios sismos de intensidad relevante en la semana que dio inicio el 19 de septiembre pasado, lo que motiva que salga a la discusión pública sobre si estamos preparados para afrontar un eventual sismo o cualquier desastre de gran magnitud. Vivimos en una zona sísmica de alto riesgo, por lo que la gestión de riesgos es importante para conocer las consecuencias de un desastre mayor, cómo responder ante la emergencia inmediata, atender a las víctimas y sobre todo, tener la ruta para la implementar la mitigación de los daños causados.
La prevención es sin duda la mejor herramienta que una sociedad puede disponer para reducir los efectos negativos de toda contingencia, ya que esta va dirigida a impedir o evitar que los sucesos naturales o generados por la actividad humana provoquen efectos adversos de consideración.
Regresando a los sismos resultó evidente que no estamos preparados como sociedad para enfrentar una situación de este tipo. No obstante que el primer sismo sucedió minutos después de realizar un simulacro de evacuación por sismo, muchas personas no sabían que hacer, en qué momento resguardarse y en qué lugar, cuándo evacuar el inmueble en el que se encontraban, qué ruta seguir para salir del mismo. La realización de simulacros no garantiza el tener una reacción adecuada ante el desastre. Falta capacitar de manera teórica de conceptos fundamentales y luego efectuar los simulacros y tomar nota de las fallas cometidas, con el objeto de retroalimentar y mejorar a la población.
En días pasados presenté un Punto de Acuerdo ante el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan con el objeto de que se revisen y analicen los protocolos de evacuación y de ser necesario sean modificados los criterios bajo los cuales fueron elaborados en su oportunidad. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar de la mejor manera la integridad de los servidores públicos que trabajan en el municipio de Zapopan y las personas que visitan las instalaciones.
Dulce Sarahí Cortés Vite, abogada de profesión, Maestra en Administración Pública, Doctorante en Administración Pública y actualmente Regidora en el Ayuntamiento de Zapopan.