/ lunes 13 de noviembre de 2023

La irresponsabilidad en un presupuesto


La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024 se da en un momento histórico; por un lado, nos encontramos ante la irrepetible oportunidad de atraer nuevas inversiones a través del proceso de relocalización o nearshoring; situación que requiere numerosas inversiones en infraestructura y desarrollo de capital humano y por el otro lado enfrentamos dos desastres naturales, los huracanes Norma y Otis que han dejado daños multimillonarios en Baja California y Guerrero.

Estas sin duda, deberían ser las prioridades presupuestarias y aquí deberían enfocarse los esfuerzos y recursos públicos; desafortunadamente vemos que no es así. Nuevamente tenemos un presupuesto que atiende a una realidad que sólo existe en la imaginación de la mal llamada Cuarta Transformación.

Una realidad en la que se cree que tenemos un sistema de Salud como el de Dinamarca, que el crimen ha bajado repartiendo abrazos o que el dinero destinado a PEMEX es una buena inversión.

Un presupuesto que sigue enfocado en desarrollar mega proyectos que a todas luces no eran viables y que hoy no son redituables. Un presupuesto que reduce los recursos de los organismos autónomos, del campo, de los emprendedores, de la secretaría de salud, de la de medio ambiente y recursos naturales y que los redistribuye con claros fines electorales.

Es evidente que este Presupuesto no atiende a las necesidades de México y que no está enfocado en invertir para generar empleos, para atraer inversión y mejorar la competitividad; nuevamente esta propuesta deja sin apoyos a la clase trabajadora, a los emprendedores y a los empresarios de todos los tamaños, pero principalmente de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Hoy esos emprendedores y empresarios, especialmente los del sector turismo de estas zonas afectadas necesitan apoyos y recursos para recuperarse, para volver a poner en pie sus negocios, para mantener los sueldos de sus colaboradores y generar nuevamente la derrama económica que dejan los turistas.

Es por ello que, propuse en la Cámara de Diputados que destinemos recursos para la reconstrucción de Guerrero y de Baja California, para sus vías de comunicación, para las viviendas de la Sierra, para las zonas hoteleras y para el sector restaurantero; sólo este requiere, para un año de salarios 6 mil millones de pesos, ¿en qué va a trabajar toda esta gente? ¿cómo van a mantener a sus familias?

No señor presidente, no se trata solo de repartir despensas con los colores de su partido, se trata de pensar en la reactivación económica para generar un círculo virtuoso que permita el bienestar de los ciudadanos.

Seamos claros, la economía nacional no se ha recuperado de todos los estragos de la pandemia y ahora nos toca también reactivar las zonas afectadas por los huracanes y aquí hago un espacio para invitarlos a estar muy atentos de la discusión de la iniciativa de Ley Federal de Reactivación Económica que presenté; porque necesitamos un mecanismo legal que marque el rumbo para la redistribución de recursos y la implementación de políticas públicas que de manera coordinada impulsen la participación de diversas secretarías e instituciones públicas y privadas.

Ya basta de tirar el dinero de las y los mexicanos con malas decisiones del gobierno y fines electorales; hoy queda claro que las y los ciudadanos ya saben que en la Bancada Naranja; nosotros sí ponemos a las y los ciudadanos al centro y al frente sus causas.

Desde hace algunos meses en distintas reuniones empezamos a escuchar que se estaban incrementando las llamadas por parte de instituciones crediticias para ofrecer servicios, llamadas muy molestas por los días y los horarios, además que siempre tenemos la duda de dónde han obtenido nuestros teléfonos, ya sean teléfonos fijos en casas o negocios o teléfonos celulares.

Por ello, y en relación también a pláticas y solicitudes con un servidor por parte de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados decidimos presentar una iniciativa que propone derogar la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y que sustentamos con base en lo siguiente:


  • No existe razón jurídica que justifique que las Sociedades de Información Crediticia hayan sido excluidas del contenido de esta Ley.
  • La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia sobre el amparo en revisión en virtud de que “no es posible que las instituciones de crédito sean excluidas de régimen de protección de datos personales que complementa y robustece el correlativo derecho de acceso a la información que suponen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, …”[1].
  • En el mismo orden de ideas la SCJN determinó que “el legislador federal, en ningún momento estableció los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas así como para la proteger derechos de terceros, tal como lo mandata el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, de ahí que se generé una violación también a los principios de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, al no encontrar ninguna justificación o supuesto legal válido que permita excluir válidamente a las “instituciones de crédito” o incluso que impida al INAI conocer del procedimiento de “habeas data” para el efectivo ejercicio de los derechos ARCO de los usuarios del servicio de banca y crédito”[2].
  • El Comité Consultivo Europeo de la Convención 108[3], de la que México es parte, sugirió al Estado mexicano “reconsiderar”, que las instituciones de crédito sean efectivamente sujetas a las directrices y regulación en materia de “protección y procesamiento de datos personales”, con la finalidad de garantizar de manera efectiva los derechos ARCO de sus cuentahabientes y usuarios.
  • Las Sociedades de Información Crediticia han sido omisas en su deber de cuidar y proteger la información de sus clientes; por ejemplo, en febrero de este año, el Buró de Crédito informó que una de sus bases de datos (con información de 2016) con datos de personas físicas habría sido obtenida de manera indebida y vendida en redes sociales.


Es por eso importante que se regule y todas y todos los mexicanos podamos tener certeza del uso que le dan a nuestros datos personales, cualquier institución, sea pública o privada, pero tener la certeza que una institución no va a filtrar, vender o utilizar de manera irresponsable nuestra información, ya que la excepción en la aplicación de esta Ley para las sociedades de información crediticia deja en vulnerabilidad a las personas titulares de los datos personales; pues si bien es cierto que la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia posee algunos lineamientos respecto al manejo de la información de los clientes, la realidad es que dicho contenido no es suficiente para regular la protección de los datos personales y se encuentra incompleto si lo comparamos con el contenido de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, principalmente en cuanto a los derechos ARCO se refiere.

Hay mucho por hacer, esperemos que el tema sea tomado con la seriedad que requiere por parte de los legisladoras y legisladores de Morena y sus aliados, porque en sus gobiernos han demostrado la poca importancia que le dan a la transparencia, al acceso a la información y a la protección de datos personales.


Diputado Federal MC, Ex Presidente de CONCAMIN y Coordinador Nacional de CRECE México*


La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024 se da en un momento histórico; por un lado, nos encontramos ante la irrepetible oportunidad de atraer nuevas inversiones a través del proceso de relocalización o nearshoring; situación que requiere numerosas inversiones en infraestructura y desarrollo de capital humano y por el otro lado enfrentamos dos desastres naturales, los huracanes Norma y Otis que han dejado daños multimillonarios en Baja California y Guerrero.

Estas sin duda, deberían ser las prioridades presupuestarias y aquí deberían enfocarse los esfuerzos y recursos públicos; desafortunadamente vemos que no es así. Nuevamente tenemos un presupuesto que atiende a una realidad que sólo existe en la imaginación de la mal llamada Cuarta Transformación.

Una realidad en la que se cree que tenemos un sistema de Salud como el de Dinamarca, que el crimen ha bajado repartiendo abrazos o que el dinero destinado a PEMEX es una buena inversión.

Un presupuesto que sigue enfocado en desarrollar mega proyectos que a todas luces no eran viables y que hoy no son redituables. Un presupuesto que reduce los recursos de los organismos autónomos, del campo, de los emprendedores, de la secretaría de salud, de la de medio ambiente y recursos naturales y que los redistribuye con claros fines electorales.

Es evidente que este Presupuesto no atiende a las necesidades de México y que no está enfocado en invertir para generar empleos, para atraer inversión y mejorar la competitividad; nuevamente esta propuesta deja sin apoyos a la clase trabajadora, a los emprendedores y a los empresarios de todos los tamaños, pero principalmente de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Hoy esos emprendedores y empresarios, especialmente los del sector turismo de estas zonas afectadas necesitan apoyos y recursos para recuperarse, para volver a poner en pie sus negocios, para mantener los sueldos de sus colaboradores y generar nuevamente la derrama económica que dejan los turistas.

Es por ello que, propuse en la Cámara de Diputados que destinemos recursos para la reconstrucción de Guerrero y de Baja California, para sus vías de comunicación, para las viviendas de la Sierra, para las zonas hoteleras y para el sector restaurantero; sólo este requiere, para un año de salarios 6 mil millones de pesos, ¿en qué va a trabajar toda esta gente? ¿cómo van a mantener a sus familias?

No señor presidente, no se trata solo de repartir despensas con los colores de su partido, se trata de pensar en la reactivación económica para generar un círculo virtuoso que permita el bienestar de los ciudadanos.

Seamos claros, la economía nacional no se ha recuperado de todos los estragos de la pandemia y ahora nos toca también reactivar las zonas afectadas por los huracanes y aquí hago un espacio para invitarlos a estar muy atentos de la discusión de la iniciativa de Ley Federal de Reactivación Económica que presenté; porque necesitamos un mecanismo legal que marque el rumbo para la redistribución de recursos y la implementación de políticas públicas que de manera coordinada impulsen la participación de diversas secretarías e instituciones públicas y privadas.

Ya basta de tirar el dinero de las y los mexicanos con malas decisiones del gobierno y fines electorales; hoy queda claro que las y los ciudadanos ya saben que en la Bancada Naranja; nosotros sí ponemos a las y los ciudadanos al centro y al frente sus causas.

Desde hace algunos meses en distintas reuniones empezamos a escuchar que se estaban incrementando las llamadas por parte de instituciones crediticias para ofrecer servicios, llamadas muy molestas por los días y los horarios, además que siempre tenemos la duda de dónde han obtenido nuestros teléfonos, ya sean teléfonos fijos en casas o negocios o teléfonos celulares.

Por ello, y en relación también a pláticas y solicitudes con un servidor por parte de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados decidimos presentar una iniciativa que propone derogar la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y que sustentamos con base en lo siguiente:


  • No existe razón jurídica que justifique que las Sociedades de Información Crediticia hayan sido excluidas del contenido de esta Ley.
  • La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia sobre el amparo en revisión en virtud de que “no es posible que las instituciones de crédito sean excluidas de régimen de protección de datos personales que complementa y robustece el correlativo derecho de acceso a la información que suponen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, …”[1].
  • En el mismo orden de ideas la SCJN determinó que “el legislador federal, en ningún momento estableció los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas así como para la proteger derechos de terceros, tal como lo mandata el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, de ahí que se generé una violación también a los principios de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, al no encontrar ninguna justificación o supuesto legal válido que permita excluir válidamente a las “instituciones de crédito” o incluso que impida al INAI conocer del procedimiento de “habeas data” para el efectivo ejercicio de los derechos ARCO de los usuarios del servicio de banca y crédito”[2].
  • El Comité Consultivo Europeo de la Convención 108[3], de la que México es parte, sugirió al Estado mexicano “reconsiderar”, que las instituciones de crédito sean efectivamente sujetas a las directrices y regulación en materia de “protección y procesamiento de datos personales”, con la finalidad de garantizar de manera efectiva los derechos ARCO de sus cuentahabientes y usuarios.
  • Las Sociedades de Información Crediticia han sido omisas en su deber de cuidar y proteger la información de sus clientes; por ejemplo, en febrero de este año, el Buró de Crédito informó que una de sus bases de datos (con información de 2016) con datos de personas físicas habría sido obtenida de manera indebida y vendida en redes sociales.


Es por eso importante que se regule y todas y todos los mexicanos podamos tener certeza del uso que le dan a nuestros datos personales, cualquier institución, sea pública o privada, pero tener la certeza que una institución no va a filtrar, vender o utilizar de manera irresponsable nuestra información, ya que la excepción en la aplicación de esta Ley para las sociedades de información crediticia deja en vulnerabilidad a las personas titulares de los datos personales; pues si bien es cierto que la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia posee algunos lineamientos respecto al manejo de la información de los clientes, la realidad es que dicho contenido no es suficiente para regular la protección de los datos personales y se encuentra incompleto si lo comparamos con el contenido de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, principalmente en cuanto a los derechos ARCO se refiere.

Hay mucho por hacer, esperemos que el tema sea tomado con la seriedad que requiere por parte de los legisladoras y legisladores de Morena y sus aliados, porque en sus gobiernos han demostrado la poca importancia que le dan a la transparencia, al acceso a la información y a la protección de datos personales.


Diputado Federal MC, Ex Presidente de CONCAMIN y Coordinador Nacional de CRECE México*