Apenas la semana pasada, Enrique Alfaro presentó su sexto y último informe de gobierno. Alfaro concluye su mandato el próximo 5 de diciembre, dejando tras de sí una estela de controversia en torno a las finanzas públicas de Jalisco. A pesar de los intentos por maquillar las cifras, la realidad es contundente: la administración saliente heredará una deuda de más de 28 millones de pesos a la próxima gestión, encabezada por su compañero de partido, Pablo Lemus.
El incremento en la deuda pública no es un asunto menor, por más que el secretario de Hacienda Pública del estado, Juan Partida Morales, intentara minimizarlo. Lo más preocupante de la carga que deberá asumir el gobierno entrante es que este aumento de la deuda se dio a pesar de que el estado contó con ingresos adicionales millonarios, lo que plantea serias interrogantes sobre la gestión financiera del gobierno alfarista.
La falta de transparencia en el uso de estos recursos es alarmante. La opacidad y la ausencia de resultados concretos en proyectos creados para atender problemáticas tan graves como las plantas de tratamiento de aguas residuales, son motivo de preocupación. Las y los jaliscienses merecemos una rendición de cuentas clara y detallada sobre el uso de los recursos públicos. Es fundamental que se realicen evaluaciones de impacto de las obras y proyectos financiados y que se implementen mecanismos de transparencia más robustos para prevenir la opacidad en el manejo de las finanzas estatales.
El legado financiero de Alfaro es un recordatorio de la importancia de una gestión fiscal responsable y transparente. Y esto no puede estar desligado del papel de otros órdenes que funjan como contrapeso, tal es el caso del Congreso del Estado, quien las últimas dos legislaturas fungió prácticamente como oficialía de partes del ejecutivo en turno. La próxima administración tendrá la ardua tarea de reducir la deuda y garantizar la rendición de cuentas, y este nuevo Congreso, ya en funciones, de hacer uso efectivo de su capacidad para aprobar y fiscalizar el presupuesto, herramientas esenciales para garantizar el ejercicio responsable de las finanzas públicas. Esta función de supervisión es vital para evitar el uso discrecional del presupuesto y para establecer un marco normativo que limite posibles abusos de poder, fortaleciendo así la democracia y la confianza en las instituciones jaliscienses. O en otras palabras, cumplir el compromiso y la obligación que tienen con la ciudadanía.
