Justicia laboral

La seguridad jurídica se actualiza o materializa con el respeto al principio de legalidad a que aluden los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, los cuales refieren al cumplimiento de las formalidades en cualquier procedimiento judicial o seguido en forma de juicio por cualquier autoridad y fundar y motivar cualquier actuación sobretodo sin son actos de molestia contra gobernados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó precedente en su jurisprudencia en el sentido de que “La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades…”.

La justicia laboral para los servidores públicos es un tópico controversial entre la población y los medios de comunicación. Noticias sobre el pago de laudos a trabajadores públicos más de una vez se ha visto como un beneficio indebido o excesivo a personas que no trabajan o que lo hace mal y con poca disposición hacia el resto de los usuarios de los servicios públicos.

Nada más alejado de la realidad. Cuando una persona pierde su trabajo, sin importar el motivo, vienen consecuencias que casi todos hemos vivido de una u otra forma. Que los padres de familia ya no lleven el sustento mínimo a sus hijos, dejar de pagar colegiaturas, préstamos, consultas médicas y medicinas; así como no poder gozar de medios para el sano esparcimiento y recreación. La baja autoestima y el viacrucis que inicia para conseguir otro trabajo no puede medirse en tiempo ni en el estrés provocado hacia el trabajador cesado y su familia.

Desde que inicie mi labor como Regidora en el Ayuntamiento de Zapopan me comprometí a velar porque los trabajadores y ex trabajadores del municipio de tengan o lleguen a tener un laudo favorable, este se ejecute a la mayor brevedad y reciban los beneficios del mismo.

En un punto de acuerdo que presenté al Pleno del Ayuntamiento en noviembre de 2021 con el apoyo de regidoras y regidoras de oposición solicitamos que se destinaran recursos del presupuesto para afrontar esta problemática. Si bien en un principio no se logró se insistió con más detalle con el Presidente Municipal. Posteriormente, se aprobó en el Pleno para el año 2022 una partida de 30 millones que se incrementó hasta los 80 millones y para el 2023 se proyectó un gasto de 50 millones para este fin.

Lo anterior, debe verse como el cumplimiento a resoluciones judiciales favorables a muchos ex trabajadores y otros que siguen en funciones, lo que sin duda les otorga certeza jurídica y un respiro económico. El pago de laudos por parte de los patrones, sin importar si son particulares o entes públicos, significa el respeto al orden jurídico y también debe entender que la mayor parte de los trabajadores asalariados en México dependen de sus todavía bajos ingresos, por lo que es conveniente señalar que los sueldos altos en la burocracia son la excepción, por lo que englobar a todo servidor público en el mito de que se enriquecen y no trabajan es falso. La gran mayoría de los servidores públicos viven con bajos salarios y son responsables de que los servicios públicos lleguen a los habitantes, por lo que también merecen un reconocimiento a su labor, la cual se convierte en toda una carrera en el servicio público por 30 o más años.

Dulce Sarahí Cortés Vite, abogada de profesión, Maestra en Administración Pública, Doctorante en Administración Pública y actualmente Regidora en el Ayuntamiento de Zapopan.