La diversificación de los negocios ilícitos del crimen organizado y su crecimiento desproporcionado, demasiado visible en amplias regiones del país, retrata de cuerpo entero –por la facilidad de su expansión—al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El pasado 8 de julio Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca), declaró que el sector pesquero había padecido desde el inicio de la actual administración “cobro de piso” en áreas productivas, transportación y distribución, abarcando toda la cadena del negocio, inclusive en restaurantes y hoteles. Horas después de aquella entrevista con medios locales de Baja California, la empresaria de 53 años fue acribillada a las afueras de su negocio en la delegación de El Sauzal, en Ensenada.
El crimen indignó a toda la sociedad bajacaliforniana y clase empresarial de la región, no solo por el perfil emprendedor de la víctima, sino porque desde inicio de año Pérez Castro reclamó al gobierno federal y estatal la inacción para reforzar la seguridad por mar y tierra para detener la pesca ilegal, distribución y comercialización de productos marinos prohibidos como la totoaba. Desde el año pasado había insistido en detener el crecimiento de las redes criminales que de tiempo atrás se habían apoderado de áreas productivas, como la pesca de alto valor en Baja California Sur, que incluye el camarón, atún y pulpo. Nadie le hizo caso hasta que su nombre irrumpió en la agenda presidencial de cada mañana, con un crimen que tres semanas después sigue impune.
El caso puso el reflector sobre un fenómeno que ocurre en la región del Pacifico norte que abarca las costas de Sinaloa, Sonora y la península de Baja California. Hasta el año 2022 había en ésta última entidad, 90 plantas de productos pesqueros y acuícolas, el 86 por ciento instaladas en la zona de Ensenada-El Sauzal donde ocurrió el crimen. En 2024, según un informe de Conapesca, solo quedan 56 plantas. Más de la mitad tuvieron que cerrar debido a las extorsiones y amenazas de los grupos criminales asentados en esa región.
Quien controla la zona de Ensenada por el Pacífico, y la costa de San Felipe del lado del Golfo de California, es Alfonso Arzate García, alias “el Aquiles”, antiguo subordinado del clan Arellano Félix y hoy socio del cártel de Sinaloa. Este individuo aparece como uno de los sospechosos detrás del asesinato de Pérez Castro, es quien controla el cobro de piso a la cadena productiva de la pesca, el tráfico de drogas por mar y tierra y el paso por esta región rumbo a Tecate y Tijuana de migrantes indocumentados.
Uno de sus socios es Jesús Alexander Sánchez Félix, alias “el Ruso”, desterrado de Sinaloa en 2018 como un acuerdo entre los clanes Guzmán (los hijos del Chapo Guzmán) y los Zambada, para quienes trabaja. Hoy día controla parte del valle de Mexicali con dominio sobre el Golfo de Santa Clara. Ambos tienen frentes abiertos, el primero en Tijuana contra células de los Arellano Félix, asociados a un grupo franquicia del Cártel de Jalisco. Nueva Generación (CJNG) en la zona, y el segundo contra “los Chapitos”.
La impunidad con la que se mueven y el conrrol territorial, erigido sobre asesinatos como el de la lideresa de empresarios pesqueros, son parte del imperio criminal herencia el sexenio de AMLO.
@velediaz424
