La tercera semana de octubre del 2024 quedará registrada por el momento en que jueces y magistrados –en un hecho inédito en la vida pública del país—armaron una estrategia de comunicación para dar su versión diaria de los señalamientos, versiones y acusaciones que, desde la Presidencia de la República, las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República, se hacen contra integrantes del Poder Judicial.
Las conferencias de prensa iniciaron en un momento en que la oposición, analistas y líderes sociales acusan de desacato a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo ante la orden de la Jueza decimonovena de Distrito Nancy Juárez, para eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial para que deje de surtir efectos. Con los argumentos legales expuestos ante los medios por la funcionaria judicial, y los señalamientos de la titular del Ejecutivo Federal de que se extralimitó por lo que no se eliminará el decreto, la percepción de que el país está en el umbral de una crisis constitucional en el arranque del sexenio se incrementó, y se suma a un escenario convulsionado en diversas entidades por el reto lanzado al gobierno federal de la delincuencia organizada.
Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, y Tamaulipas tienen en común que, a pesar de las apariencias democráticas, la retórica de una ideología de “izquierda” en el poder ha dado paso a una era criminal donde la narcopolítica asoma sin recato en mensajes, videos, montajes judiciales, vacíos de autoridad y una beligerancia mayor del crimen organizado que un día sí y otro también hace alarde de quién es el poder real y manda en estas entidades.
La crisis de seguridad interior donde los tres niveles de gobierno perdieron el control de amplios territorios en estas entidades, con autoridades impuestas por la delincuencia organizada, el dominio de las economías regionales, redes criminales que vigilan caminos, ayuntamientos y hacen suyas las rentas del comercio y empresas, ha escalado en el último año a una abierta crisis de seguridad nacional. Chiapas, Guerrero y Sinaloa son ejemplos pedagógicos. En estas entidades los titulares del Ejecutivo local tienen señalamientos documentados de presuntas ligas con el crimen organizado. El vacío de autoridad ante el avance del dominio criminal en la frontera chiapaneca, el reto de decapitar y exhibir en la vía pública la cabeza del alcalde de Chilpancingo, y el estado de sitio que vive cada noche desde hace más de un mes la población de la capital sinaloense, impiden el desarrollo armónico y el logro de los objetivos nacionales. Está en entredicho la Ley de Seguridad Nacional cuando señala como primer objetivo garantizar “la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Hoy día la gobernadora y los gobernadores de las entidades señaladas no garantizan la “paz duradera y fructífera”.
La crisis de seguridad interior se une con la crisis constitucional en el momento en que los jueces exhiben las deficiencias de la procuración de justicia detrás de casos donde la narcopolítica tiene en jaque al régimen del llamado Movimiento de Regeneración Nacional. El caso del secuestro de Ismael “el Mayo” Zambada y del asesinato del ex rector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda, es el mejor ejemplo.
@velediaz424