Hace unos días la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para la Presidencia de la República, las diputaciones y senadurías de mayoría relativa correspondientes al Proceso Electoral Federal 2023-2024, determinando casi 661 millones de pesos para la Presidencia de la República, 44 millones de pesos para Senadurías en el caso de Jalisco y 2.2 millones de pesos para Diputaciones de los 330 distritos electorales..
Por su parte, los partidos políticos que más reciben prerrogativas para gastos de campaña son Morena 1,023 mdp, PAN 613 mdp, PRI 600 mdp, mientras que Movimiento Ciudadano 323 mdp, PVEM 282 mdp, PRD 236 mdp y PT 225 mdp.
Los recursos públicos que son destinados para llevar a cabo el proceso electoral en nuestro país deben considerarse como una inversión necesaria para garantizar la democracia.
En un análisis y reflexión profunda sobre el origen del financiamiento público a partidos políticos es primordial entender que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que la elección, esa fiesta del pueblo, no se vea contaminada por dinero proveniente de actividades ilícitas y con ello no se adquieren o generan compromisos por los futuros gobernantes que pongan en riesgo la gobernabilidad.
Para desgracia de nuestra Nación, hoy en día no tenemos garantías de que el financiamiento público realmente cumpla con su objeto en todas sus aristas, a las y los electores nos parecen cantidades excesivas. Sin embargo, para los institutos políticos son insuficientes al grado de recibir recursos provenientes del sector privado, que si bien son fiscalizados y se encuentran topados por la ley, nos confirma la idea de que siempre se necesitará más.
Es imposible que no pase por nuestra cabeza lo que podríamos hacer con lo destinado para campañas electorales federales en el 2024; por ejemplo: el total de recursos equivale al 61% del presupuesto del sector salud de Jalisco, el 12% equivale al costo del hospital de cancerología en el Estado, con el tope de campaña de senadurías en Jalisco podríamos tener 2 salas más de hemodiálisis en el hospital civil; lo asignado para el PRD y el PT equivale a más del presupuesto anual de dependencias como el Instituto jalisciense de Ciencias Forenses, que tiene un exceso de trabajo y es pieza clave en los temas más sensibles que aquejan a nuestra sociedad, como el caso de personas desaparecidas y se equipara a la inversión inicial del Centro Universitario en Tonalá de la UdeG.
En ningún momento se pretende decir que el financiamiento público para campañas electorales debe desaparecer, al contrario, nos obliga a exigir que no existan simulaciones, que no se despilfarre el dinero en molestos un bombardeos de mercadotecnia sin contenido o invirtiendo en estrategias desleales para obtener poder.
Nuestros representantes deben recuperar la confianza del pueblo por lo sustantivo de su proyecto, no por la cantidad de dinero que invirtió en su imagen, en sus eventos, en sus redes o en cualquier tipo de publicidad en general.
La superficialidad con la que en ocasiones hoy se quiere llegar a la gente resulta ofensiva y la única posibilidad de que trascienda la elección del 2024 como un proceso digno de México, es con campañas respetuosas que nos lleven a un ejercicio verdaderamente deliberativo para decidir quién nos va a gobernar.
Es imperativo reivindicar la credibilidad de las instituciones, el tener confianza en la clase política. El día de hoy la única encuesta que les aseguro que es creíble, es la que evidenciaría que las y los mexicanos consideramos un derroche el financiamiento público para campañas electorales.
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