Jorge Chaires Zaragoza*

El Congreso del Estado de Jalisco finalmente aprobó lo que llevaba tiempo fraguando, debilitar una de las voces más criticas de la actuación del gobierno y los diputados, quitándoles el sueldo a los miembros del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esta medida constituye, sin lugar a dudas, uno de los retrocesos más graves en cuanto al combate a la corrupción se refiere. Cuando se aprobó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y, sus similares, los sistemas estatales anticorrupción en el 2015, se buscó darle voz a la ciudadanía por medio de un órgano que fuera ajeno a los poderes tradicionales y, por lo tanto, no estuviera subordinado ni sujeto a las jerarquías y red de relaciones que caracteriza al servicio público en México.

Decía Alexander Hamilton que: “después de la permanencia en el cargo nada puede contribuir más eficazmente a la independencia de los jueces que el proveer en forma estable a su remuneración”. La subordinación al poder es uno de los grandes problemas que enfrenta el combate a la corrupción. Instituciones como la Auditoria Superior del Estado o la Fiscalía Anticorrupción, han caído en el juego de no enfrentar al gobierno, como pago o agradecimiento por el cargo.

La dependencia económica de los poderes del Estado y de los organismos constitucionalmente autónomos, atenta contra la clásico idea de la división de poderes, en este caso entendida desde dos vertientes principales:

Primero, en lo que respecta a una seguridad económica personal que un servidor público debe tener para no caer en tentaciones de la corrupción, además de la importancia de que se cuente con personal debidamente retribuido acorde a su responsabilidad y a la exigencia de contar con servidores públicos profesionales con conocimientos, competencias y responsabilidades cada vez más amplias.

Segundo, la economía institucional, traducida en la necesaria partida económica para que una dependencia pueda contar con el personal y los medios idóneos, adecuados y suficientes para desarrollar todas las competencias y capacidades asignadas, según las necesidades y exigencias actuales. Para que se garantice la independencia institucional es necesario que la partida presupuestal no esté sujeta a criterios político sino determinados por la Constitución, a efecto de que no sea disminuida o suprimida por cuestiones de revanchas o pugnas de los grupos de poder.

Si el argumento para quitarles el sueldo a los miembros del Comité de Participación Social fue la austeridad y porque, según los diputados, no estaban dado los resultados esperados, habrá que quitarles el sueldo a muchos servidores públicos, comenzando por los diputados, que no están cumpliendo con su función de control, llamando a rendir cuentas y presentar informes a todos los titulares de las dependencias responsables del combate a la corrupción, sobre todo, al titular de la Auditoría Superior del Estado.

En lugar de quitarles el sueldo, los diputados debieron reformar la ley para que los que son la voz y los ojos de los ciudadanos en el quehacer de las instituciones responsables en el combate a la corrupción tuvieran más impacto, como, por ejemplo, que los diputados tomaran en serio las evaluaciones de las designaciones, lo que nunca hicieron, porque siguieron haciendo nombramientos por cuestiones políticas, partidistas, de amistad o familiares.

*Doctor. Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia