El día de ayer, la ciudadanía cumpliendo con su deber cívico y haciendo uso del derecho que la constitución le confiere, salió a sufragar para elegir, entre otros funcionarios, al titular del Poder Ejecutivo Federal, elección que al margen de los graves vicios que se vieron, previos al día de la votación y hasta delitos cometidos en especial por el actual Ejecutivo Federal, en distintas intervenciones públicas, desacatando por demás, las restricciones que le fueron impuestas en diversas ocasiones por el órgano electoral, encargado de sancionar, regular y vigilar dicho proceso.
Existe una realidad jurídica que dolosamente hasta la fecha prevalece, toda vez de que el Senado de la República, sin justificación alguna ha incurrido en una conducta grave y de mala fe, presuntamente con el propósito de que, de acuerdo al resultado de la votación, pueda declararse la nulidad de la elección, en virtud de que, oportunamente, como lo establece la propia constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; cumpliendo debida y pertinentemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el mes de septiembre de 2023 dos mil veintitrés, para efectos de que estuviera cabalmente, como lo mandata la propia constitución y la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, por los siete magistrados que la deben integrar para validar el proceso electoral en curso y hacer la declaratoria, en su caso, del titular de la Presidencia de la República, que al momento no se ha cumplido con tal formalidad constitucional y que es innegable que es en acatamiento al mandato de quien durante esta administración ha sometido a la mayoría de quienes integran dicha cámara, a grado tal de exigirles que ni tan siquiera una coma de las iniciativas que les ha enviado sean tocadas y que desafortunadamente así han obedecido, en el mas desbordante cinismo y traición a la representación de los Estados, que constitucionalmente es de su mas alta responsabilidad, por todo lo cual, es indudable la mala intención y el propósito avieso de no haber cumplido con semejante responsabilidad, lo que obliga a la sociedad civil a actuar en consecuencia y sin escatimar esfuerzos, hacer la defensa legitima del sufragio emitido este dos de junio del año en curso, haciendo valer y exigiendo, desde luego, la observancia de la ley en todos sus términos sin permitir un ápice de su violación por cualquier actor o actores que incumplan con el estricto cumplimiento de la constitución y de toda normatividad que regula el proceso electoral.
El proceso electoral que aunado a la violencia de que ha sido objeto por todo el territorio nacional y donde el Ejecutivo Federal, como el de los Estados, no han cumplido con el mandamiento constitucional de garantizar la seguridad pública, a grado tal de que ante la presencia de quienes se presume están investidos de autoridad, ya que, se dice que son personal encargados de la seguridad de los contendientes a los diversos cargos de elección popular, que han sido victimas de sendos homicidas, que a la fecha se desconoce el que se haya hecho justicia en todos esos crímenes de los que todos somos testigos, directa o indirectamente, en especial, de la impunidad que prevalece y muy en especial de la indiferencia de las autoridades, cuya encomienda es el de garantizar la paz social, la integridad de las personas y el estado de derecho, todo lo cual es intolerable de modo obliga a toda la sociedad civil, en defensa de tales derechos, imponer su dignidad, honor, pudor y valor civil para rescatar todo este escenario tan deplorable para propios y extraños y que es el deber de toda sociedad responsable y digna.
Vamos sociedad civil, por nuestros derechos sagrados y mas elementales, consignados en el máximo código nacional, como lo es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo de mayor responsabilidad de quienes integramos el foro de abogados de la república.
MTRO. LUIS OCTAVIO COTERO BERNAL.
