El pasado 12 de octubre de 2024, en el marco de una sesión inédita y llena de confusión, el Senado de México decidió la renovación de plazas para jueces y magistrados federales mediante un sorteo.
Resulta paradigmática la frase del morenista Presidente del Senado: “De aquí directo a la Lotería Nacional”, porque nos muestra que la justicia, el Estado de Derecho y las libertades de los mexicanos han quedado a la suerte.
Durante la sesión, se sortearon un total de 711 cargos, lo que representa la mitad de las plazas judiciales en el país. Y cómo valientemente señaló María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en Baja California, con residencia en Mexicali, lo que entró en la “tómbola” no sólo fueron las personas, vida, familia y carrera de los 711 jueces y magistrados federales que dejan el cargo en 2025, sino todos los mexicanos.
Con la reforma judicial impulsada por el régimen de Morena no se decidió únicamente respecto al método de elección de juzgadores, sino la razón de ser de la impartición de justicia en nuestro país y la existencia de México como un país de libertades, de instituciones y donde existe un Estado de Derecho.
La teoría de separación de poderes, bajo la cual se sostiene nuestra democracia, se funda en una idea central: la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial busca limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos.
Algunos medios de comunicación han hecho notar que, coincidentemente, entre las plazas de juzgadores que serán sometidas a la elección judicial de 2025, se encuentran por lo menos, las de 54 que sus resoluciones fueron duramente criticadas por el expresidente López Obrador.
Sin carrera judicial y arbitrariedad por el régimen en la propuesta de candidaturas para elegir jueces, desaparece la separación de poderes y quedan en riesgo la libertad y los derechos de todos los mexicanos. Recordemos la frase de Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Más allá de discursos de poder, lo cierto es que la formulación, aprobación y ejecución de la reforma judicial orquestada por Morena, sólo ha generado incertidumbre social, institucional e incluso financiera a una realidad nacional muy lastimada desde el sexenio anterior.
Hoy México no asegura reglas claras ni para sus ciudadanos, ni para los inversionistas razón por la cual, Acción Nacional apuesta por el principio de legalidad, por limitar al poder y por fortalecer el Estado de Derecho en México y seguirá, desde el corazón parlamentario del país, el Congreso de la Unión, procurando defender la división de poderes y el sano desarrollo de las instituciones.